El transporte público concesionado del Estado de México atraviesa una de sus mayores crisis en años. Integrantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos advirtieron que, si el gobierno estatal no autoriza un aumento a la tarifa mínima, implementarán un paro masivo de actividades y bloqueos viales el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, lugo de una reunión con el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México pospusieron el paro una semana.
Actualmente, el costo del pasaje es de 12 pesos, pero el sector exige que suba a 16 pesos, argumentando que la operación resulta insostenible con la tarifa vigente.
Los transportistas explican que los precios del combustible, refacciones, mantenimiento y salarios de operadores han incrementado considerablemente desde 2019, año en que se autorizó el último ajuste tarifario. Aseguran que, mientras todo sube, la tarifa permanece congelada y los concesionarios se ven obligados a trabajar con pérdidas.
De acuerdo con los dirigentes del sector, la situación ya provocó que varias unidades salgan de circulación por falta de recursos para su mantenimiento, lo que impacta directamente en la calidad y seguridad del servicio.
Bloqueos y paros escalonados
Las organizaciones habían anunciado que, de no recibir una respuesta positiva en los próximos días, iniciarán paros totales y escalonados, acompañados de bloqueos en vialidades estratégicas del Valle de Toluca y el Valle de México, como Paseo Tollocan, la autopista México-Toluca y vialidades primarias de Ecatepec y Metepec.
El posible paro coincide con el regreso a clases, lo que hubiera un severo caos en la movilidad de cientos de miles de personas que dependen diariamente de este servicio.
Ante la presión, legisladores del Congreso mexiquense pidieron abrir una mesa de análisis sobre el ajuste tarifario, planteando que cualquier incremento debe estar acompañado de mejoras obligatorias en el servicio: unidades en buen estado, choferes capacitados y condiciones de seguridad para los usuarios.
Asimismo, se han puesto sobre la mesa propuestas como tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como un plan de modernización de flotas con vehículos más eficientes y menos contaminantes.
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