Los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuestionaron la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la elección de cargos judiciales para el periodo 2024-2025. Según los juzgadores, el TEPJF carece de competencia para emitir decisiones vinculantes en este proceso, ya que existen juicios de amparo activos y un pronunciamiento pendiente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Resolución del TEPJF
La semana pasada, el TEPJF determinó, con tres votos a favor y dos en contra, que “es constitucionalmente inviable suspender la elección de juzgadores”, permitiendo al Instituto Nacional Electoral (INE) continuar con la organización del proceso electoral extraordinario; pero los magistrados del PJF calificaron esta decisión como una “simple opinión”, argumentando que el tribunal electoral no tiene facultades para intervenir en asuntos relacionados con suspensiones otorgadas en juicios de amparo.
El magistrado Juan José Olvera fue particularmente crítico al señalar que la actuación del TEPJF no solo excede sus competencias, sino que también añade confusión al proceso. “El Tribunal Electoral, para apagar el fuego, está lanzando gasolina. Esto es lo que ocurre cuando un órgano opina sin decidir en un asunto que claramente no es de su competencia”, afirmó Olvera.
Añadió que la decisión del TEPJF de considerar el tema como un “asunto general” es una clara señal de que está fuera de su jurisdicción. “Están tratando de opinar sobre las consecuencias de cientos de juicios de amparo, algo que no les corresponde”, concluyó.
Postura de la SCJN y los jueces constitucionales
El magistrado Juan Alfonso Patiño, director jurídico de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), reveló que la SCJN ya abrió un expediente para determinar qué órgano es competente para resolver las suspensiones emitidas por jueces en este contexto.
“El máximo tribunal del país habrá de pronunciarse sobre si el TEPJF tiene o no facultades para pronunciarse sobre suspensiones de actos reclamados. Anticipar una conclusión y darle eficacia a una resolución que puede ser revocada va en contra del principio fundamental de seguridad jurídica”, explicó Patiño.
Por su parte, la magistrada Edna Lorena Hernández reiteró que solo los jueces constitucionales, en el marco de la Ley de Amparo, tienen la facultad para resolver cuestiones relacionadas con las suspensiones. “Cualquier autoridad que actúe fuera de su competencia no puede emitir más que una opinión, y esta quedará como lo que es: simplemente una opinión”, subrayó Hernández.
¿Un conflicto entre poderes?
Durante la conferencia, los magistrados también señalaron la falta de claridad en la relación entre el Senado, la Presidencia de la República y el TEPJF en este proceso. Juan José Olvera criticó la dinámica en la que “entre ellos se piden permiso para continuar”, refiriéndose al aval del Senado para que Presidencia ignore las suspensiones judiciales y la respuesta del TEPJF apoyando esta decisión.
“Esto plantea una pregunta seria: ¿Con qué competencia está actuando el Tribunal Electoral? Sus acciones no están respaldadas por la ley”, afirmó Olvera.
El proceso electoral extraordinario para renovar diversos cargos judiciales, organizado por el INE, ha generado controversia desde su inicio. Al día de hoy, más de 2,950 personas se han registrado como aspirantes a jueces, ministros y magistrados, un procedimiento que ha sido descrito como “inédito” en la historia del país.
Sin embargo, las múltiples suspensiones otorgadas por jueces de distrito han complicado la organización del proceso, mientras que las declaraciones del TEPJF buscan garantizar su continuidad. Esto ha llevado a un choque de competencias entre diferentes instancias del poder judicial y electoral, con la SCJN como árbitro final.
Llamado a la seguridad jurídica
En sus declaraciones, los magistrados insistieron en la necesidad de respetar los principios de legalidad y seguridad jurídica, pilares fundamentales de un Estado de derecho. Según Juan Alfonso Patiño, adelantar resoluciones o actuar fuera del marco legal establecido genera incertidumbre y erosiona la confianza en las instituciones.
“La seguridad jurídica requiere que las decisiones se tomen dentro de las competencias de cada órgano. Actuar de otra manera es abrir la puerta a más conflictos legales y políticos”, enfatizó Patiño.
Con el expediente ya abierto en la SCJN, se espera que el máximo tribunal del país determine en los próximos días si el TEPJF tiene competencia para intervenir en este caso. Mientras tanto, el INE continúa con los preparativos para la elección judicial, aunque con incertidumbre sobre el marco legal que respaldará el proceso.
La magistrada Edna Lorena Hernández resumió el sentir general de los jueces presentes: “Es fundamental que cada órgano respete sus límites. Solo así podemos garantizar que las elecciones se lleven a cabo con pleno apego a la ley y en beneficio de la ciudadanía”.
El debate sobre la competencia del TEPJF para avalar la elección judicial refleja las tensiones entre diferentes instancias del gobierno en un momento crítico para la democracia mexicana. Con la SCJN como árbitro final, el país espera que se resuelvan estos conflictos legales para garantizar la transparencia y la legalidad en un proceso que marcará el futuro del Poder Judicial.
