La jueza federal Grissell Rodríguez Febles, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Yucatán, otorgó una suspensión provisional que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) detener el proceso electoral judicial 2024-2025. El fallo, que también afecta al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, responde a una demanda de amparo interpuesta por el particular Leoncio Paisano Arias, quien argumentó que la reforma judicial viola principios fundamentales del estado de derecho en México.
La resolución ordena al Senado no emitir la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, programada inicialmente para octubre, y frena las reformas a las constituciones locales que permitirían la implementación de esta elección sin precedentes.
Puntos de la suspensión provisional
El fallo de la jueza Rodríguez Febles pone en pausa un proceso que ha sido objeto de intenso debate desde su aprobación. La reforma al Poder Judicial, que fue impulsada por el Congreso mexicano, pretendía establecer la elección popular de jueces y magistrados, un modelo inédito en el país; sin embargo, la suspensión dictada por la jueza se fundamenta en varios aspectos legales que cuestionan la legitimidad del proceso legislativo que dio origen a esta reforma.
Según el fallo, el Poder Legislativo al reformar la Constitución para incluir la elección popular de jueces y el cese de los actuales sin un procedimiento claro, vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial. Rodríguez Febles señaló que eliminar los requisitos de experiencia técnica y desconocer derechos fundamentales como la inamovilidad y los salarios establecidos para jueces constituyen “medidas regresivas” que atentan contra el derecho de acceso a una justicia imparcial.
Argumentos presentados en la demanda de amparo
Leoncio Paisano Arias, quien interpuso la demanda de amparo, argumentó que la reforma judicial rompe el equilibrio entre los poderes de la unión. Según el demandante, el proceso legislativo que dio origen a la reforma excede las facultades del Poder Legislativo, lo que ha llevado a una situación donde se pone en riesgo el estado democrático y de derecho.
La jueza Rodríguez Febles, en su análisis del caso, coincidió en que la reforma implica un “procedimiento legislativo viciado” que compromete la independencia judicial. En su resolución, subrayó que la votación popular de jueces y magistrados sin los debidos procedimientos de evaluación y sin garantizar la autonomía del Poder Judicial podría generar serios problemas en la administración de justicia del país.
Implicaciones para el INE y el Senado
El Instituto Nacional Electoral (INE) había comenzado a preparar el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en el cual se elegirían por primera vez en la historia de México a jueces, magistrados y ministros a través de votaciones populares. Esta elección representaba un cambio drástico en la forma en que se designan los cargos judiciales en el país, pero la suspensión provisional obliga al INE a detener todas las actividades relacionadas con este proceso.
El INE había instalado su Consejo General para organizar la elección judicial, pero ahora deberá acatar la orden judicial de suspender todas las actividades relacionadas con la organización de estas elecciones hasta que se resuelva de manera definitiva la demanda de amparo. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y la consejera Dania Paola Ravel Cuevas, quienes supervisaban el proceso, se han limitado a seguir los protocolos legales y no han emitido declaraciones públicas sobre la suspensión.
Por su parte, el Senado de la República tampoco podrá emitir la convocatoria para integrar las listas de candidatos a jueces y magistrados. Esta convocatoria estaba programada para el 15 de octubre, pero el fallo de la jueza obliga a frenar cualquier actividad relacionada con la postulación de candidatos hasta que se aclare la situación jurídica del proceso.
Otros actores afectados por la suspensión
La Cámara de Diputados también fue instruida a detener el proceso de adecuación de las leyes federales que respaldarían la reforma judicial, y los Congresos locales no podrán realizar las reformas a sus constituciones necesarias para la implementación de este nuevo sistema de elección de jueces. Este fallo pone en pausa un esfuerzo coordinado a nivel nacional que buscaba reformar profundamente el sistema judicial del país.
Además, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió la instrucción de no entregar al Senado información sobre los cargos de jueces y magistrados, incluyendo datos sobre renuncias y retiros programados. Esta medida busca proteger la autonomía del Poder Judicial ante lo que ha sido visto por algunos sectores como una intromisión del Poder Legislativo en su esfera de competencia.
El Diario Oficial de la Federación (DOF), por su parte, deberá abstenerse de publicar cualquier acto encaminado a implementar la reforma judicial, en tanto no se resuelva la suspensión definitiva de los actos reclamados.
Comentarios de los participantes en el proceso judicial
En su fallo, la jueza Rodríguez Febles enfatizó la importancia de que cualquier inconformidad respecto a su resolución se dirima a través de los recursos legales vigentes y no por medio de los medios de comunicación o redes sociales. Hizo un llamado a las autoridades federales a respetar el debido proceso y no descalificar las decisiones judiciales en los medios, ya que estas plataformas no son reconocidas como medios de defensa en el juicio de amparo.
Por su parte, los representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo han evitado hacer declaraciones contundentes hasta el momento, aunque se espera que presenten un recurso de impugnación en los próximos días. Este recurso será revisado por un tribunal colegiado, que tendrá la facultad de confirmar, modificar o revocar la determinación de la jueza Rodríguez Febles.
El fallo de la jueza Grissell Rodríguez Febles representa un importante obstáculo para la implementación de la reforma judicial en México. La suspensión provisional podría ser solo el primer paso en un largo proceso judicial que determinará si la reforma propuesta por el Congreso puede entrar en vigor o si deberá ser replanteada para respetar los principios de autonomía e independencia judicial.
