La reforma de Supremacía Constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión para blindar la Constitución mexicana contra impugnaciones, recibió el aval de 20 congresos estatales, superando en tiempo récord el umbral requerido de 17 aprobaciones para que entre en vigor. Este acelerado respaldo de las legislaturas locales permite que la reforma sea promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
¿En qué consiste la reforma de Supremacía Constitucional?
La reforma modifica el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución, estableciendo la improcedencia de medios legales, como el juicio de amparo o las controversias constitucionales, para impugnar cambios a la Constitución. Esto implica que cualquier modificación aprobada por el Congreso de la Unión estará blindada de recursos legales, con el objetivo, según los promotores de la medida, de consolidar y proteger la voluntad popular y la soberanía nacional en el marco de la Cuarta Transformación.
Proceso legislativo sin precedentes en velocidad
La iniciativa fue presentada en el Senado el 22 de octubre y en apenas ocho días, 20 estados ya han ratificado el proyecto de decreto. Zacatecas fue la primera entidad en aprobar la minuta, seguida rápidamente por Tabasco y otros estados que convocaron a sesiones extraordinarias para acelerar el proceso. Entre los primeros en sumarse estuvieron Oaxaca, Sonora, Baja California y Ciudad de México.
En algunos estados, como Baja California y Sinaloa, el proceso de aprobación tomó tan solo un par de horas, lo que generó tanto reconocimiento como controversia. En el Congreso de Baja California, la aprobación se dio solo dos horas después de recibir la minuta, mientras que el Estado de México la discutió y aprobó en apenas una hora y veinte minutos.
Opiniones divididas entre los legisladores
El proceso ha sido motivo de un debate intenso. En los estados donde Morena y sus aliados tienen mayoría, el apoyo fue casi unánime, mientras que en otros, los partidos de oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— expresaron preocupaciones sobre el impacto de la reforma en el Estado de derecho. “Con esta reforma, estamos asegurando que la Constitución no sea vulnerada por intereses particulares que busquen frenar el progreso de nuestro país”, declaró el diputado Próspero Valenzuela, de Morena en Sonora.
En contraste, Jesús Manuel Scott, de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, criticó la premura en la aprobación, calificándola como una “crisis de derechos” y señalando que esta reforma limita el acceso a herramientas de defensa jurídica que históricamente han protegido los derechos de los ciudadanos. La diputada Joana Hernández del PRI en Hidalgo argumentó: “Esta velocidad compromete el análisis necesario y debilita el Estado de derecho”.
Si bien la aprobación en tiempo récord ha sido señalada como un éxito del bloque oficialista, también ha generado críticas de analistas y legisladores que consideran que se ha sacrificado la deliberación. En Guerrero, la reforma fue aprobada en medio de una sesión de dos horas, donde el debate se centró en el impacto de esta modificación en la participación ciudadana y los derechos humanos. Legisladores del PRI y PRD defendieron la necesidad de preservar recursos de impugnación, argumentando que la inimpugnabilidad podría limitar las libertades ciudadanas.
Por su parte, legisladores de Morena y sus aliados enfatizaron que la reforma garantiza la estabilidad de las decisiones democráticas. Alma Rosas Elías, de Morena en Hidalgo, declaró: “Esta es una medida histórica que asegura que las decisiones de la mayoría no se verán frenadas por procesos que muchas veces obedecen a intereses de élite”.
Suprema Corte y posibles desafíos legales
Tras la aprobación en los Congresos estatales, la reforma requiere la promulgación presidencial y publicación en el Diario Oficial para convertirse en ley, sin embargo, especialistas advierten que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría revisar la constitucionalidad de esta medida si se presentan acciones legales. “Si bien la reforma establece la inimpugnabilidad, la Corte aún podría intervenir para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y el balance constitucional”, explicó Marta Salas, abogada en derecho constitucional.
Este escenario ha sido planteado por diversas organizaciones de la sociedad civil, que sostienen que limitar la posibilidad de impugnación podría afectar las garantías individuales. La Corte ha intervenido en ocasiones anteriores para revisar reformas constitucionales cuando estas han sido cuestionadas en el ámbito de derechos fundamentales.
Con el respaldo de 20 congresos estatales, la reforma de Supremacía Constitucional ha cumplido el requisito para su promulgación. Esta reforma marca un hito en el marco legislativo nacional, con un proceso de aprobación sin precedentes en velocidad y con impactos aún por evaluar en el ejercicio del control constitucional.
