En un contexto electoral marcado por una preocupante violencia, la seguridad de los candidatos ha tomado un papel central en la agenda política mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló en su conferencia matutina que el número de candidatos que ya cuentan con protección ha aumentado significativamente, alcanzando un total de 360, lo que representa un incremento de 110 personas en apenas una semana.
Esta noticia surge en un momento crítico, donde el aumento de las agresiones y el reciente asesinato de dos candidatos municipales han intensificado las preocupaciones sobre la seguridad en el proceso electoral. El 19 de abril, Noé Ramos, aspirante a la alcaldía de El Mante, Tamaulipas; y Alberto Antonio García, candidato en San José Independencia, Oaxaca, fueron ultimados, elevando a 27 el número de víctimas mortales entre candidatos y aspirantes en esta temporada electoral.
El presidente López Obrador explicó que la actualización de estas cifras se dio tras una reunión del gabinete de seguridad, señalando que todos los candidatos a la Presidencia ya cuentan con protección y que se les ha ofrecido aumentarla de ser necesario. Esta decisión se toma en un momento donde la seguridad de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ha sido objeto de preocupación nacional, especialmente tras incidentes como el retén de sujetos encapuchados en Chiapas.
La protección a los candidatos: un cambio en la política de seguridad
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha sido una figura clave en este proceso, informando sobre los cambios en las políticas de seguridad que permiten una asignación más ágil de la protección. Anteriormente, se realizaba un análisis de riesgo detallado antes de asignar seguridad, pero esta práctica se ha modificado para acelerar el proceso y responder con mayor rapidez a las crecientes demandas de los candidatos.
Inicialmente, el enfoque estaba puesto en proteger a los candidatos presidenciales y a aquellos que competían por gubernaturas estatales y puestos en el Congreso de la Unión. Sin embargo, la creciente violencia ha obligado a las autoridades a ampliar la cobertura de seguridad a candidatos que participan en elecciones locales, buscando garantizar su integridad física en un clima de creciente inseguridad.
La respuesta política y social
La violencia electoral ha sido condenada por diversas organizaciones y actores políticos, incluidos los propios candidatos, quienes han expresado su preocupación y han solicitado mayores medidas de seguridad. Además, la situación ha generado un amplio debate en los medios y entre la ciudadanía sobre la eficacia de las estrategias de seguridad implementadas y la necesidad de garantizar elecciones libres y seguras.
En respuesta a las críticas, el presidente López Obrador ha reiterado su compromiso con la seguridad electoral y ha instado a todos los actores políticos a colaborar en la creación de un ambiente pacífico y democrático. También ha destacado la importancia de la reforma para crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, enfatizando su enfoque en corregir agravios sociales, lo que indirectamente contribuye a un clima de mayor estabilidad y justicia social.
Hacia un proceso electoral más seguro
Mientras México se prepara para continuar con su jornada electoral, el gobierno, las autoridades de seguridad y los propios candidatos están llamados a un esfuerzo conjunto para asegurar que la democracia prevalezca sobre la violencia. Con la elección del 2024 en el horizonte, el país se encuentra en un momento crucial para definir su futuro político y social, donde la seguridad de quienes aspiran a liderarlo es una prioridad indiscutible.
Con cada candidato bajo protección, México avanza hacia un proceso electoral en el que la seguridad busca ser garantía de una participación democrática efectiva y libre de miedos, un componente esencial para la salud de cualquier democracia.
