Este lunes, el Senado mexicano discute una reforma constitucional que transformará profundamente el papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), convirtiéndola en el centro de mando y coordinación de la seguridad en el país. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca otorgar a la SSPC la responsabilidad de coordinar no solo la seguridad pública, sino también de involucrarse en temas de seguridad nacional, integrando funciones de inteligencia y control de recursos para la seguridad pública en los estados y municipios.
Nueva responsabilidad: centralización de inteligencia y control operativo
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es que la SSPC será responsable del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública y mantendrá bajo su mando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes conocido como CISEN. Esta medida tiene como objetivo mejorar la capacidad de la SSPC para prevenir y combatir el crimen mediante el uso de datos y tecnología de punta.
La iniciativa fue presentada al Senado el 1 de noviembre y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, y Estudios Legislativos Primera, donde se ha discutido ampliamente. Durante las sesiones, los senadores de Morena, que presiden estas comisiones, argumentaron que la concentración de funciones en la SSPC permitirá una respuesta más ágil y efectiva ante la creciente criminalidad.
¿Una supersecretaría con excesivo poder?
La reforma ha despertado críticas de algunos legisladores y especialistas en seguridad, quienes advierten sobre los riesgos de fusionar funciones de seguridad pública y seguridad nacional en una misma dependencia. La combinación de estos roles, argumentan, podría llevar a una vigilancia excesiva sobre la ciudadanía y a la posible violación de derechos humanos.
“El Centro Nacional de Inteligencia tiene como misión la seguridad nacional, que no debe confundirse con la seguridad pública. Ambas áreas tienen objetivos distintos”, expresó un senador de la oposición. En tanto, otros legisladores destacaron la importancia de respetar la separación de poderes y cuestionaron el riesgo de militarización, ya que el control de la inteligencia en seguridad pública podría dar lugar a una vigilancia extendida sobre los ciudadanos.
Sin embargo, la bancada de Morena defendió la reforma como un paso necesario para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. “La integración de estos recursos permitirá un mejor análisis de datos, una coordinación efectiva entre las fuerzas federales y locales y el uso óptimo de los fondos destinados a la seguridad pública”, afirmó Andrea Chávez, senadora de Morena.
Control de fondos: Transparencia y auditoría
La SSPC también asumirá la responsabilidad de auditar los fondos federales de ayuda para la seguridad pública. Este cambio incluye la administración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que en 2024 distribuyó más de 9,200 millones de pesos. Ahora, estos recursos estarán bajo supervisión directa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pertenece a la SSPC, además de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“La auditoría de los recursos será exhaustiva para asegurar que cada peso destinado a seguridad pública se utilice de manera eficiente y transparente”, explicó Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, durante una reunión con legisladores. Harfuch detalló que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen a las regiones donde más se necesitan y que se usen para fortalecer las instituciones locales de seguridad.
Además de la centralización de la inteligencia, la SSPC será responsable de coordinar las acciones del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, así como de las policías estatales y municipales. Esto incluye establecer una estrategia unificada de seguridad pública y una coordinación estrecha entre las fuerzas federales y locales para prevenir y combatir el crimen.
Con este enfoque, la SSPC actuará como un puente entre las fuerzas armadas y las autoridades civiles, optimizando la respuesta en situaciones de emergencia y coordinando operativos de alto impacto en zonas de alto riesgo.
La propuesta de reforma también introduce el uso de tecnología avanzada y de análisis de datos para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta en seguridad pública. Los senadores de Morena han señalado que la SSPC tendrá acceso a herramientas de inteligencia de última generación, lo cual permitirá identificar áreas de alto riesgo y anticipar amenazas.
“El papel de la SSPC será fundamental en la recopilación y análisis de información estratégica para combatir la criminalidad. Esto incrementará la efectividad de la judicialización de los casos y facilitará la obtención de sentencias condenatorias en procesos penales”, explicó Chávez. De acuerdo con el dictamen presentado por las comisiones, uno de los beneficios esperados de esta reforma es que la SSPC podrá canalizar esfuerzos en áreas de alto riesgo y reducir el gasto en operaciones ineficaces.
Implicaciones: ¿Un modelo de seguridad sostenible?
La reforma a la SSPC representa una transformación significativa en la estructura de seguridad del país. Con la integración de funciones de inteligencia y la auditoría de fondos de seguridad, el gobierno de Sheinbaum espera optimizar la administración de recursos y fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la ciudadanía; sin embargo, el modelo también presenta desafíos en cuanto a transparencia y respeto a los derechos humanos, cuestiones que preocupan a la oposición y a organizaciones de la sociedad civil.
A medida que se implementa este nuevo enfoque, será clave observar cómo se maneja el balance entre seguridad pública y seguridad nacional, y si el modelo de “supersecretaría” logra responder de manera efectiva a las demandas de seguridad de la población mexicana.
Con una estructura centralizada, la SSPC se convierte en el núcleo de la estrategia de seguridad en México. La reforma podría definir el rumbo de la política de seguridad del país, marcando una etapa de mayor intervención del Estado en temas de inteligencia y control operativo, en busca de mejorar la eficiencia en la prevención y combate al crimen.
