La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado que la explotación del litio será exclusivamente una tarea del Estado mexicano. Esta decisión, fundamentada en el principio de “supremacía constitucional”, marca un hito en la política minera nacional y refuerza la soberanía energética del país.
El fallo se produjo luego de que la Segunda Sala de la SCJN desestimara, por unanimidad de cuatro votos, un amparo presentado por Grupo Bararal y otros concesionarios mineros, quienes impugnaron las reformas de 2022 a la Ley Minera. Estas reformas, impulsadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, reservan la explotación del litio al Estado al declararlo un recurso de “utilidad pública”.
Postura de la SCJN: prioridad constitucional
La decisión de la SCJN se basó en la reciente reforma al artículo 27 de la Constitución, publicada el 31 de octubre de 2024, que establece claramente que, tratándose de minerales radioactivos y litio, no se otorgarán concesiones a particulares. El ministro Alberto Pérez Dayán, encargado del proyecto, señaló: “Aunque se declarara inconstitucional la Ley Minera, la norma constitucional prevalece, lo que impide cualquier concesión sobre el litio”.
Con esto, la SCJN reafirma que las reformas constitucionales tienen un peso superior a las leyes secundarias, eliminando cualquier posibilidad de explotación privada de este mineral estratégico.
Conflicto con Grupo Bararal
La disputa legal inició cuando Grupo Bararal, junto con los concesionarios Guillermo Villalobos Olivas, Gonzalo Ceballos Fontes y Alfonso Prieto Prieto, interpuso un amparo contra las reformas de 2022. La empresa argumentó que estas modificaciones vulneraban su título de concesión, otorgado en 2018 para el lote “San Pedro”, en Satevó, Chihuahua, válido hasta 2068.
Los concesionarios afirmaron que la reforma limita sus derechos y violaba principios de no retroactividad, sin embargo la SCJN concluyó que la reforma constitucional anula cualquier beneficio que pudieran obtener con el amparo, dado que la Constitución prohíbe explícitamente las concesiones sobre el litio.
Soberanía energética: litio como recurso estratégico
El litio, conocido como el “oro blanco”, es clave para la fabricación de baterías utilizadas en vehículos eléctricos, teléfonos móviles y otros dispositivos tecnológicos. Su importancia estratégica llevó al gobierno de López Obrador a promover su nacionalización como parte de un plan para garantizar que los beneficios económicos de este recurso se destinen al desarrollo nacional.
El gobierno actual, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado su compromiso con esta política. En una conferencia matutina, Sheinbaum declaró: “La explotación del litio debe ser un motor de desarrollo para México. Garantizaremos que su manejo sea exclusivamente estatal, protegiendo los intereses de todos los mexicanos”.
Reacciones de los actores involucrados
La decisión de la SCJN generó diversas reacciones tanto en el ámbito empresarial como en el político.
Empresarios del sector minero criticaron la medida, señalando que podría desalentar la inversión privada en el país. Un representante de Grupo Bararal comentó: “La falta de seguridad jurídica afecta gravemente a los inversionistas. Este fallo nos deja sin herramientas legales para defender nuestros derechos”.
Por otro lado, organizaciones civiles y ambientalistas celebraron la resolución como un paso hacia la soberanía energética y la justicia social. María Torres, portavoz de un colectivo ambientalista, afirmó: “El litio debe ser para el pueblo, no para intereses privados. Es un recurso clave para enfrentar la transición energética y el cambio climático”.
Impacto económico de la exclusividad estatal
La decisión de reservar el litio al Estado responde a la necesidad de mantener el control de un recurso estratégico en un contexto global donde la demanda por este mineral crece exponencialmente. Según estimaciones, México posee importantes yacimientos de litio, principalmente en Sonora, considerados entre los más grandes del mundo.
Sin embargo, expertos advierten que la explotación estatal del litio requiere una planeación adecuada y la implementación de tecnologías de extracción sostenibles. En este sentido, el gobierno federal anunció la creación de LitioMx, una empresa estatal encargada de gestionar este recurso, aunque aún enfrenta desafíos como la falta de infraestructura y experiencia técnica.
Implicaciones políticas y legales
La exclusividad estatal sobre el litio establece un precedente significativo en la política minera mexicana. Este fallo reafirma la capacidad del Estado para definir el uso y control de recursos estratégicos, alineándose con las recientes reformas constitucionales. Además, sienta las bases para futuras discusiones sobre el papel del gobierno en sectores clave de la economía.
Por su parte, la oposición política ha expresado preocupaciones sobre la ejecución de esta política. Un senador del Partido Acción Nacional (PAN) comentó: “Nacionalizar el litio es un gran reto. Debemos garantizar que la gestión estatal sea transparente, eficiente y realmente beneficie a los mexicanos”.
Desafíos futuros
A pesar del respaldo constitucional, la implementación de esta política enfrenta varios desafíos:
- Infraestructura y tecnología: México carece de la experiencia técnica necesaria para explotar litio a gran escala.
- Transparencia y corrupción: Es esencial que los proyectos relacionados con LitioMx sean gestionados con total transparencia.
- Impacto ambiental: La extracción de litio puede tener consecuencias significativas para el medio ambiente si no se realiza de manera responsable.
