La propuesta de reforma para proteger las elecciones de jueces y magistrados de la influencia del crimen organizado ha tomado un lugar central en el debate nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley secundaria ante el Senado para garantizar que el proceso de selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial esté libre de financiamiento ilícito.
Esta propuesta establece un marco de fiscalización liderado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las instituciones bancarias y la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal.
Este esfuerzo responde a la preocupación creciente por el uso de recursos provenientes del narcotráfico y otras organizaciones criminales para influir en las elecciones de jueces y magistrados. La reforma no solo busca blindar estos procesos, sino que también obliga a los candidatos a financiar sus propias campañas, marcando un nuevo paradigma en la elección de juzgadores en México.
Fiscalización de campañas: Control de ingresos y patrimonio
Uno de los puntos centrales de la reforma es que el INE será el encargado de fiscalizar a los candidatos, quienes deberán proporcionar toda la información necesaria para verificar su situación patrimonial. Esta verificación incluirá también a sus cónyuges, concubinas o concubinarios, y dependientes económicos directos, según el artículo 526 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En este sentido, la colaboración del SAT será fundamental, ya que proporcionará información fiscal de los candidatos para identificar cualquier movimiento irregular. Además, las instituciones bancarias estarán obligadas a reportar depósitos, inversiones y cualquier otra transacción sospechosa que pudiera revelar la participación de dinero ilícito en las campañas.
“El INE no estará limitado por secretos bancario, fiduciario o fiscal”, establece la reforma, lo que significa que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE podrá acceder a toda la información financiera de los candidatos para garantizar la transparencia en el proceso electoral. Este es un paso importante para combatir el uso de recursos del crimen organizado, que históricamente ha tenido un papel importante en la corrupción dentro del sistema judicial.
Aspirantes financiando sus propias campañas
Otra característica de la reforma es que los aspirantes a jueces y magistrados deberán pagar sus campañas con recursos propios. Esto incluye todas las actividades de promoción, aunque podrán utilizar redes sociales sin necesidad de gastar dinero en publicidad. De esta manera, se busca evitar la intervención de actores externos o el uso de recursos públicos o privados para influir en el resultado de las elecciones.
El INE será responsable de vigilar que ningún partido político o servidor público participe en el financiamiento de las campañas de los candidatos. Además, no se permitirá que los aspirantes compren espacios publicitarios en medios de comunicación, radio, televisión o internet, con lo que se busca igualar las condiciones de todos los participantes.
Durante la campaña de 60 días, los candidatos podrán compartir su trayectoria profesional, sus méritos y su visión sobre la impartición de justicia. “Los candidatos podrán hacer propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada por el derecho a la libertad de expresión”, explicó Sheinbaum durante la presentación de la reforma. Sin embargo, estas manifestaciones deberán respetar los parámetros constitucionales y legales establecidos.
La reforma también establece que los partidos políticos y los servidores públicos no podrán participar en actividades de proselitismo a favor o en contra de los candidatos. Esta medida tiene como objetivo garantizar la independencia del proceso electoral, evitando que los juzgadores estén vinculados a partidos políticos o intereses particulares.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en señalar que este es un paso fundamental para asegurar la imparcialidad del sistema judicial. “Es necesario que el proceso de elección de jueces y magistrados esté libre de cualquier tipo de influencia política o financiera”, afirmó.
Por su parte, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, destacó que estas leyes secundarias son esenciales para la implementación de la reforma al Poder Judicial. Una vez aprobadas, permitirán al Senado emitir la convocatoria para iniciar el proceso electoral el próximo 16 de octubre.
Tres Tipos de Elecciones
La propuesta de reforma también detalla cómo se llevará a cabo la elección de jueces y magistrados. Habrá tres tipos de comicios a nivel nacional por circuito judicial y por circunscripciones. Los nueve ministros que integrarán el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto con los dos magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, serán elegidos en una votación nacional.
Los magistrados de circuito y jueces de distrito serán seleccionados por los ciudadanos de cada entidad federativa que conformen el circuito judicial correspondiente, mientras que los integrantes de las Salas Regionales del TEPJF serán elegidos por circunscripción.
Este proceso permitirá que el electorado tenga un papel directo en la selección de quienes impartirán justicia en el país, con la intención de hacer más transparente y participativa la elección de los jueces. “Queremos que el pueblo de México tenga voz en la elección de sus jueces y magistrados”, declaró Sheinbaum.
Transparencia y Vigilancia del INE
El INE tendrá un papel crucial en este proceso, no solo garantizando que los candidatos no reciban financiamiento ilegal, sino también estableciendo los topes de gasto personal y fiscalizando los ingresos y egresos de cada aspirante. Además, el INE vigilará que los candidatos no utilicen recursos públicos para fines de promoción o propaganda.
La propuesta presentada por Sheinbaum incluye también la creación de comités de evaluación en cada uno de los tres poderes de la Unión, que serán responsables de proponer a los candidatos para las vacantes. Se estima que habrá hasta 81 candidatos para las nueve vacantes en la SCJN, mientras que para las 818 plazas de magistrados de circuito y jueces de distrito habrá más de 4,908 candidatos.
La reforma para proteger la elección de jueces y magistrados del financiamiento ilícito es un paso importante hacia la transparencia y la independencia del Poder Judicial. Al obligar a los candidatos a financiar sus propias campañas y al establecer un riguroso sistema de fiscalización, se busca evitar la infiltración del crimen organizado en uno de los procesos más importantes para la justicia en México.
Con el INE, el SAT y las instituciones bancarias colaborando estrechamente, se espera que esta reforma marque un antes y un después en la forma en que se eligen los juzgadores en el país. La transparencia en el uso de los recursos y la participación ciudadana serán claves para garantizar la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial en los próximos años.
