La reforma judicial impulsada por Claudia Sheinbaum ha superado un importante obstáculo. Después de una extensa sesión de siete horas en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros desestimaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos de oposición, al no alcanzar los ocho votos necesarios para invalidar la reforma. Este resultado representa un triunfo para la administración de Sheinbaum, Morena y los partidos aliados (PT, PVEM) dejando el decreto de la Reforma Judicial intacto y en vigor.
Debate sobre la mayoría calificada y la improcedencia
La discusión comenzó con la presentación del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien proponía la invalidez parcial de la reforma. Según el proyecto, era necesaria una mayoría calificada de ocho votos para avanzar en la impugnación, sin embargo, se generó un debate entre los ministros sobre si se requerían seis u ocho votos para invalidar la reforma, conforme a la literalidad del artículo 105 de la Constitución.
González Alcántara defendió que “las reglas del juego no se establecen en plena jugada,” en referencia a la necesidad de claridad sobre los requisitos de votación antes de tomar una decisión de fondo. Su argumento se centró en que, si no había consenso sobre los votos necesarios, entrar al fondo del asunto sería “estéril”.
Papel del ministro Pérez Dayán
La ministra Lenia Batres manifestó que el sobreseimiento del caso limitaría las opciones de impugnación por la vía del amparo, un recurso que podría mantener la controversia legal en el sistema judicial. Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán desempeñó un rol crucial en el desenlace, ya que su voto determinó que el proyecto no alcanzara la mayoría necesaria. Pérez Dayán expresó su convicción de que la impugnación era improcedente, al considerar que los partidos políticos carecen de legitimación para cuestionar reformas de este tipo y defendió que existen “otras vías” para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Mi voto se basa en la convicción de que no es este el camino adecuado para combatir las normas de la reforma judicial,” afirmó Pérez Dayán, indicando que, aunque comparte algunas preocupaciones sobre las reformas, su postura sigue los precedentes establecidos en la SCJN.
Los argumentos de la ministra Piña Hernández y Esquivel Mossa
En respuesta al debate sobre la mayoría de votos requerida, la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, planteó la necesidad de aclarar si seis votos serían suficientes para futuras decisiones de inconstitucionalidad. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, por su parte, sostuvo que para invalidar cualquier norma y especialmente una disposición constitucional, se necesitan ocho votos, apoyándose en la interpretación que establece el artículo 105.
“Para mí, es evidente que si se necesitan ocho votos para invalidar una ley, con mayor razón se requiere esa misma mayoría para derogar una disposición constitucional,” defendió Esquivel.
Receso y la resolución final
Después de horas de debate, en las que las posiciones de los ministros continuaban sin alcanzar un consenso claro, la ministra Piña Hernández declaró un receso para permitir que el pleno retomara fuerzas antes de continuar con la votación. Tras el receso, la SCJN confirmó que, al no contar con los ocho votos necesarios, la reforma judicial se mantendría sin modificaciones, marcando así un triunfo para la presidenta Sheinbaum.
El resultado en la SCJN generó opiniones encontradas. Desde el gobierno, Sheinbaum celebró la resolución como un respaldo a su política de transformación del sistema judicial. A través de sus redes sociales, la mandataria agradeció el apoyo del Congreso y la SCJN, expresando que la reforma judicial es “un paso firme hacia la justicia social” y hacia un Poder Judicial más accesible y cercano a las personas.
Sin embargo, diversos grupos de la sociedad civil y partidos de oposición cuestionaron la decisión. Algunos sectores han señalado que el fallo representa un peligro para la independencia judicial. “Esta resolución compromete la autonomía de la SCJN y aumenta la influencia del poder Ejecutivo en el Poder Judicial,” comentó un representante de una organización de derechos humanos, quien subrayó la importancia de que el sistema de justicia funcione como un contrapeso efectivo.
¿Qué sigue para la reforma judicial?
Con la decisión de la SCJN, la reforma judicial de Sheinbaum permanece intacta, pero se espera que los partidos de oposición y organizaciones civiles continúen presentando amparos en tribunales inferiores. Estos amparos, en última instancia, podrían regresar a la SCJN para una nueva revisión en el futuro.
La reforma judicial incluye cambios que impactan directamente en la selección y evaluación de jueces y magistrados, un área en la que la administración de Sheinbaum busca promover “mayor transparencia y eficiencia”. Sin embargo, los críticos sostienen que estas modificaciones podrían debilitar la independencia de los jueces y hacerlos más susceptibles a presiones políticas.
La votación en la SCJN marca un hito en la historia del sistema judicial mexicano. Con la reforma aún vigente, el país observa los pasos de la administración de Sheinbaum en esta nueva etapa de reestructuración judicial. Mientras tanto, el debate sobre la autonomía del Poder Judicial y su papel como contrapeso sigue siendo tema de discusión en la esfera pública.
La resolución de la SCJN pone en pausa temporal cualquier intento de invalidación de la reforma judicial, pero la discusión sobre su impacto y efectividad apenas comienza.
