El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó su intención de publicar la controvertida reforma judicial el próximo 15 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Independencia de México. El anuncio, realizado durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, refleja la determinación del mandatario de consolidar una de las reformas más importantes de su administración, que promete transformar el funcionamiento del Poder Judicial del país.
La reforma judicial, aprobada ya por más de 17 congresos estatales, ha sido tema de debate desde su introducción, ya que implica modificaciones clave en la estructura y operación de los tribunales, lo que ha generado tanto apoyo como críticas entre diferentes sectores de la sociedad y la política.
Proceso de Aprobación: Un avance decisivo
López Obrador presentó una lista de los estados cuyos congresos locales ya han dado luz verde a la reforma. Entre ellos destacan Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Baja California y otros, sumando un total de 18 entidades. “En todos estos estados ya se aprobó la reforma, en los congresos locales”, comentó el presidente, subrayando que la aprobación de la reforma es un proceso que requiere no solo el visto bueno de la Cámara de Diputados, sino también la ratificación de la mayoría de los congresos estatales, algo que, según el mandatario, ya se ha logrado.
La cifra de 18 estados es significativa, ya que representa más de la mitad más uno de los 32 congresos locales del país, un requisito constitucional para que las reformas puedan ser promulgadas. Con esto, López Obrador explicó que lo único que falta es la publicación oficial, un acto que recae exclusivamente en la figura del titular del Ejecutivo.
“Sería bueno pensar que se publique el 15 de septiembre”, mencionó, haciendo referencia a la posibilidad de que esta fecha, de gran relevancia para la historia de México, coincida con la promulgación de esta trascendental reforma.
Estados que Aprobaron y el Rechazo de Querétaro
Entre las entidades que ya han aprobado la reforma judicial se encuentran: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas; en tanto que la discusión en el Congreso de la Ciudad de México, se lleva a cabo este 12 de septiembre. Este apoyo mayoritario ha permitido que la reforma avance de manera rápida en el proceso legislativo, a pesar de los cuestionamientos de algunos sectores.
No obstanbe, no todo ha sido un camino fácil para el presidente. El estado de Querétaro, bajo un congreso local controlado por el Partido Acción Nacional (PAN), ha rechazado la reforma. Este hecho ha sido interpretado como un acto de oposición política a las modificaciones que plantea el gobierno de López Obrador, especialmente en lo referente a la independencia del Poder Judicial. Aunque este rechazo no detiene el avance del proceso, sí representa una señal de que no todos los actores políticos están alineados con las ideas del presidente sobre el futuro del sistema judicial en México.
¿Qué Implicaciones Tiene la Reforma?
La reforma judicial propuesta por López Obrador introduce cambios importantes en el sistema de justicia del país. Entre los aspectos más destacados se encuentran la reorganización del Consejo de la Judicatura Federal, una mayor supervisión y control sobre los jueces, y un enfoque en la transparencia y rendición de cuentas dentro del Poder Judicial. El presidente ha sido enfático en que la reforma busca “limpiar” el sistema de corrupción y garantizar que los jueces actúen con total imparcialidad y apego a la ley.
No obstante, estas propuestas han generado preocupación entre algunos sectores, que consideran que la reforma podría amenazar la independencia judicial y concentrar demasiado poder en manos del Ejecutivo. Organizaciones de derechos humanos y algunos partidos políticos han expresado que la supervisión excesiva sobre los jueces podría debilitar la autonomía del Poder Judicial y permitir una mayor intervención política en sus decisiones.
López Obrador ha desestimado estas críticas, asegurando que las reformas están diseñadas para mejorar el acceso a la justicia y garantizar que los jueces actúen de manera justa y equitativa. “No es cierto que la reforma judicial esté frenando la inversión extranjera o que esté provocando la salida de capital del país, como se ha dicho. Eso es puro cuento”, afirmó el presidente en respuesta a los señalamientos de que la reforma está generando incertidumbre en los mercados financieros.
Inversión Extranjera Directa: Un contexto de estabilidad económica
En medio de la polémica por la reforma judicial, el presidente López Obrador aprovechó la conferencia para destacar los logros de su administración en materia de inversión extranjera. Según datos presentados por el mandatario, México alcanzó un récord de 35 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) durante el año pasado, y en lo que va de 2024, ya se han acumulado 30 mil millones de dólares. Estos números contradicen las afirmaciones de que la reforma judicial está afectando la confianza de los inversionistas extranjeros.
“Estamos rompiendo récords en inversión extranjera, y eso es un dato duro. A pesar de lo que se ha dicho, la economía sigue fuerte y estamos atrayendo más capital que nunca”, comentó López Obrador. Con estas cifras, el presidente busca tranquilizar a quienes temen que las reformas políticas y económicas de su gobierno estén generando inestabilidad en el mercado.
Reacciones Políticas: País Dividido
La reforma judicial ha provocado una intensa discusión entre las distintas fuerzas políticas del país. Mientras que los legisladores de Morena y sus aliados han cerrado filas en torno a la propuesta de López Obrador, la oposición, encabezada por el PAN y Movimiento Ciudadano, ha expresado su rechazo. Marko Cortés, presidente del PAN, ha sido uno de los críticos más vocales de la reforma, argumentando que se trata de un ataque directo a la independencia judicial.
Por su parte, los legisladores de Morena han defendido la reforma, asegurando que es un paso necesario para limpiar el sistema de justicia de la corrupción y garantizar un acceso más equitativo a la justicia. Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que la reforma es parte de la Cuarta Transformación que busca cambiar las estructuras de poder en México. “No podemos seguir con un sistema de justicia que favorece a los poderosos y deja desprotegidos a los más vulnerables. Esta reforma es para el pueblo, no para las élites,” afirmó Delgado.
Con la fecha del 15 de septiembre acercándose, el anuncio de López Obrador ha puesto a México en un momento decisivo para su sistema judicial. La publicación de la reforma podría marcar el inicio de una nueva era en la administración de justicia, con un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también con el riesgo de generar tensiones sobre la independencia del Poder Judicial.
La expectación ante la publicación de la reforma es alta, y no solo por el contenido de las modificaciones, sino por el simbolismo que implica hacerlo en el Día de la Independencia de México. Para el presidente, este acto representa un hito en su administración, una oportunidad de consolidar su legado como el mandatario que logró reformar un sistema judicial que, en sus palabras, estaba “podrido”; sin embargo para muchos críticos, este es un paso arriesgado que podría tener consecuencias impredecibles para la democracia y el equilibrio de poderes en el país.
En este contexto, la atención estará puesta en el 15 de septiembre, una fecha que promete ser histórica no solo por las celebraciones patrias, sino por la posible promulgación de una de las reformas más ambiciosas de los últimos años en México. ¿Será este un avance hacia un sistema judicial más justo y transparente, o será el inicio de un periodo de mayor control político sobre los tribunales? El tiempo lo dirá.
