Será en enero de 2025, cuando las cortes de Estados Unidos sean escenario del inicio de un juicio civil promovido por el Gobierno de México contra Linda Cristina Pérez Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Este juicio representa no solo un esfuerzo por recuperar activos, valorados en 634 millones de dólares, sino también una clara señal del compromiso mexicano contra la corrupción y el desfalco.
Genaro García Luna, una vez figura prominente en el gobierno de Felipe Calderón, se encuentra actualmente en una prisión estadounidense tras ser declarado culpable de cargos de narcotráfico. Paralelamente, su esposa enfrentará un juicio civil que busca hacer frente a las consecuencias financieras de las actividades ilícitas que se le atribuyen.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha sido el encargado de esclarecer los detalles de este próximo juicio. Según Gómez, el proceso civil es independiente del proceso penal que García Luna enfrenta en Estados Unidos, y tiene como propósito la recuperación de activos significativos obtenidos de manera ilícita. Hasta la fecha, ya se han reintegrado aproximadamente 2 millones de dólares a la Tesorería de la Federación.
El juicio contra Pérez Gálvez no solo busca reparaciones económicas, sino también establecer un precedente en la lucha contra la impunidad en México. Gómez destacó que este juicio es crucial para “romper la maldición de que quien roba al pueblo no regresa nada”, refiriéndose a la tradición de corrupción que ha perjudicado al país durante décadas.
Además del juicio en Estados Unidos, el Gobierno de México ha activado procesos judiciales internos que han resultado en la emisión de 61 órdenes de aprehensión. Entre los vinculados a proceso se encuentran la hermana de García Luna y otros colaboradores cercanos, lo que demuestra la amplitud de la red de corrupción asociada a su gestión.
El gobierno también está ejerciendo presión para la extradición de Jonathan Alexis Weinberg, presunto socio de García Luna, actualmente detenido en España. Esta acción subraya el alcance internacional de las operaciones de García Luna y la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
La UIF ha identificado 16 empresas relacionadas con el entramado de desfalco de García Luna, muchas de las cuales operaban desde paraísos fiscales para evadir la justicia y ocultar el origen ilícito de los fondos. Este descubrimiento ha sido crucial para entender la magnitud de las operaciones y para trazar estrategias efectivas de recuperación de activos.
