En los municipios de Apatzingán y Buenavista, Michoacán, los productores de limón han decidido mantener un paro indefinido en sus actividades agrícolas debido a la situación que trasciende la agricultura: la extorsión y amenazas constantes por parte del crimen organizado. Esta decisión, que tiene profundas implicaciones tanto para la economía local como para la seguridad nacional, ha capturado la atención de autoridades estatales y federales.
Los productores de limón, afectados no sólo por las amenazas sino también por una significativa caída en los precios del cítrico, han tomado esta medida drástica como último recurso para presionar al gobierno a tomar acciones más efectivas. Según datos proporcionados por la Unión de Productores, Empacadores e Industriales del Limón del Valle de Apatzingán y Buenavista, la producción ha sido suspendida completamente desde el anuncio del paro el pasado 12 de agosto.
El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha reconocido que aunque la paralización no es total en todos los municipios limoneros, sí afecta significativamente a las regiones mencionadas, con una reducción de hasta el 80% en Apatzingán. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, liderada por Juan Carlos Oseguera Cortés, ha intensificado los operativos de seguridad, incluyendo recorridos terrestres y aéreos, para tratar de restablecer la normalidad.
La problemática de los limoneros no solo radica en la violencia. La competencia con otras regiones como Colima, donde los precios del limón son considerablemente más altos, ha exacerbado la situación, llevando a muchos agricultores a un punto de no retorno financiero.
La respuesta del gobierno incluye no solo medidas de seguridad sino también estrategias para regular el mercado, como establecer días específicos para el corte del limón, intentando estabilizar los precios y mejorar las condiciones para los productores.
Guadalupe Mora Chávez, quien tiene un vínculo personal con la lucha contra el crimen en Michoacán, resaltó la continuidad de las amenazas y extorsiones, enfatizando la urgencia de soluciones efectivas. Además, Claudia Sheinbaum, próxima presidenta electa, ha indicado que la extorsión debe ser perseguida de oficio, sugiriendo cambios legislativos para fortalecer las herramientas contra este delito.
El paro de los limoneros en Michoacán es un reflejo de un problema más amplio que afecta a numerosas regiones de México, donde la intersección de la economía y la seguridad sigue siendo un desafío considerable. Las autoridades continúan buscando soluciones que no solo aborden el síntoma de la violencia, sino que también creen un entorno más estable y seguro para los productores. Mientras tanto, el futuro de la industria del limón en Michoacán pende de un hilo, esperando acciones concretas que puedan restaurar tanto la confianza como la prosperidad en la región.
