En un importante avance hacia la mejora de acceso a la vivienda en México, las comisiones unidas del Senado aprobaron una reforma constitucional que establece un nuevo esquema de vivienda de interés social dirigido a trabajadores del sector privado. Este modelo permitirá a los trabajadores no solo adquirir, sino también alquilar viviendas con la opción de compra, abriendo nuevas oportunidades para millones de familias que enfrentan dificultades en la adquisición de vivienda digna. La propuesta recibió el respaldo unánime de 33 votos, reflejando un consenso entre legisladores de diversos partidos sobre la necesidad de atender el déficit habitacional en el país.
Nuevo enfoque en vivienda de interés social
La senadora María Guadalupe Chavira, de Morena, destacó que esta reforma representa un cambio fundamental para quienes cotizan en el Infonavit. “Con este nuevo esquema, no solo estamos hablando de crédito accesible, sino de la posibilidad de poner fin a las cargas financieras interminables que han enfrentado muchos trabajadores al intentar adquirir una vivienda digna,” comentó Chavira, enfatizando que también es necesario abordar el proceso de escrituración para brindar certeza jurídica a los propietarios.
Mayuli Martínez, senadora del PAN, también mostró su respaldo a la reforma, destacando que el costo promedio de una vivienda en México, que alcanza los 1.7 millones de pesos con un incremento promedio del 5% anual, es inaccesible para muchos trabajadores. Martínez subrayó que “el concepto de vivienda digna y la oportunidad de alquilar con opción a compra son aspectos positivos, pero es fundamental definir claramente qué se entiende por ‘renta social’ y ‘vivienda adecuada’ para evitar ambigüedades.”
Problema que afecta a millones
La necesidad de vivienda en México es crítica. Según datos compartidos por Luis Armando Melgar, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, el 58% de las viviendas en el país requieren construcción, ampliación o mejoras, mientras que el 24.6% de las viviendas tienen más de 30 años de antigüedad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima un déficit habitacional de 8.2 millones de viviendas, lo que representa un 23.3% del inventario de viviendas particulares habitadas en el país. Además, el 16.4% de los hogares en México se encuentran en condiciones de renta, una realidad especialmente común entre jóvenes y familias de ingresos medios.
La senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, expresó que su bancada apoya la reforma, especialmente porque, a pesar de los avances legislativos recientes, el déficit habitacional sigue siendo alarmante. “En 2020, legislamos para que los créditos de vivienda fueran entregados sin intermediarios, y en 2023 logramos que trabajadoras del hogar y migrantes pudieran acceder a créditos habitacionales. Esta reforma responde a la necesidad de 8 millones de viviendas que aún faltan,” enfatizó Bañuelos.
Informalidad y la producción de vivienda: temas pendientes
A pesar del respaldo generalizado, algunos senadores manifestaron preocupaciones en torno a aspectos no cubiertos por la reforma. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, expresó que, aunque el dictamen es positivo, no aborda el tema de los 32 millones de trabajadores en la informalidad que también necesitan acceso a una vivienda digna. “Esta reforma solo beneficia a quienes están en la formalidad laboral, dejando fuera a millones de personas. Además, no se incluye la posibilidad de autoconstrucción, lo cual es crucial, pues sin esta opción continuarán los asentamientos irregulares,” señaló Barrales.
Este es un punto clave en un país donde la autoconstrucción representa una alternativa viable para muchas familias, especialmente en zonas rurales y marginadas. La exclusión de esta modalidad limita las opciones de miles de hogares que, al no poder acceder a un crédito formal, recurren a construir sus propios espacios en terrenos irregulares.
Apoyo al sector vivienda con medidas concretas
El dictamen contempla que los institutos federales de apoyo a la vivienda asuman nuevamente la construcción de viviendas sociales, un modelo que durante años fue abandonado, dejando en manos de empresas privadas la mayor parte de los desarrollos de interés social. Con esta reforma, se espera que el Estado recupere un rol activo en la construcción de viviendas y que pueda ofrecer precios más accesibles, adaptados a la realidad económica de los trabajadores.
Además, el esquema de renta con opción a compra permite que las personas puedan destinar recursos mensuales al alquiler de una vivienda con la posibilidad de adquirirla en el futuro. Este modelo, común en países europeos, ha sido demandado por expertos en vivienda y organizaciones civiles en México, al considerar que podría reducir las barreras de acceso a la propiedad para miles de familias, en particular jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad económica.
El presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Luis Armando Melgar, subrayó que la reforma representa un avance en el derecho a la vivienda, pero enfatizó la necesidad de acciones a largo plazo para reducir el déficit habitacional y garantizar que las viviendas cumplan con los estándares de calidad y dignidad. Además, la reforma plantea nuevos retos, como asegurar que las viviendas de interés social se construyan en zonas adecuadas, evitando la marginación de los desarrollos habitacionales en áreas con deficiente acceso a servicios básicos.
Por su parte, Mely Romero, del PRI, resaltó la importancia de ampliar las opciones de crédito a un sector más amplio de la población. “La realidad es que muchas familias viven en condiciones de hacinamiento, compartiendo espacios con dos o tres generaciones. Esta reforma responde a una parte de esa necesidad, pero también es necesario que el Estado encuentre soluciones para el sector informal, que es una de las áreas más desprotegidas,” puntualizó.
Hacia una política de vivienda inclusiva
La aprobación de esta reforma constitucional es un paso hacia la construcción de un modelo de vivienda más inclusivo y accesible en México, aunque aún existen aspectos que necesitan ser refinados para atender a la totalidad de la población. La nueva política de vivienda establece una estructura con miras a resolver el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, pero también abre la puerta a futuros debates sobre el acceso de los trabajadores informales y la posibilidad de autoconstrucción.
La reforma ahora pasará al Pleno del Senado, donde se espera una discusión más amplia en la que los legisladores puedan abordar los puntos pendientes y trabajar en un marco que abarque las necesidades de todos los sectores de la sociedad. En palabras de la senadora Bañuelos, “Este es solo el inicio de un camino que debe llevarnos a la democratización de la vivienda en México.”
Este dictamen, respaldado por todos los partidos, muestra que la vivienda es un tema de interés común que requiere una acción coordinada y medidas concretas para garantizar que cada mexicano tenga un hogar digno. Los ojos de la ciudadanía ahora están puestos en el Senado, que deberá tomar decisiones claves para llevar esta reforma a buen término y garantizar que su implementación realmente beneficie a quienes más lo necesitan.
