Con 22 votos a favor del bloque de Morena y sus aliados, y 10 en contra de la oposición, avanzó en el Senado la reforma al artículo 19 Constitucional, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entre los ilícitos añadidos están la extorsión, la distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, el contrabando y actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos.
La reforma, impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, y excluye delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, que se habían contemplado en la versión original de la Cámara de Diputados.
El senador Saúl Monreal (Morena) defendió la iniciativa, argumentando que no se trata de un castigo ni un cheque en blanco, sino de una herramienta para garantizar la presencia de los imputados en los procesos penales. En contraste, la oposición advirtió sobre las implicaciones para los derechos humanos. El panista Ricardo Anaya señaló que la reforma viola la presunción de inocencia, una postura respaldada por organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La senadora priista Claudia Anaya criticó que esta modificación puede llevar al abuso de la prisión preventiva, al eliminar la capacidad de los jueces de interpretar las normas en favor de los ciudadanos. Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) justificó la inclusión de nuevos delitos, como el tráfico de fentanilo, por sus graves consecuencias en la salud pública y la tranquilidad de las familias.
Esta reforma, basada en la justicia penal de 2008, busca evitar la liberación de delincuentes confesos, aunque enfrenta críticas por su posible impacto en las garantías individuales. Aún queda pendiente su discusión en el pleno del Senado, donde la oposición ha prometido dar una batalla intensa para frenar lo que consideran una medida regresiva.
De ser aprobada, esta reforma representaría un giro importante en el sistema de justicia penal mexicano, con implicaciones directas en la seguridad y los derechos ciudadanos.
