El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma destinada a fortalecer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el propósito de mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y aumentar la fiscalización de los fondos destinados a la seguridad pública. Esta iniciativa fue respaldada por los 121 senadores presentes y ahora ha pasado a la Cámara de Diputados para su revisión final.
La reforma permite que la SSPC auxilie directamente a la Presidencia de la República en temas de seguridad nacional, asumiendo también un rol crucial en la coordinación de labores de inteligencia y la auditoría de los recursos federales entregados a estados y municipios.
Coordinación en seguridad pública: Esfuerzo compartido
Desde la tribuna del Senado, representantes de todos los grupos parlamentarios elogiaron los beneficios de la reforma al artículo 21 constitucional, pero algunos, como los representantes del PRI y Movimiento Ciudadano, expresaron inquietudes por posibles contradicciones en las disposiciones y sugirieron modificaciones que Morena, el partido mayoritario, rechazó.
La reforma establece un nuevo marco de acción para la SSPC, que ahora tiene la responsabilidad de coordinar, dirigir y formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. También supervisará los fondos federales destinados a la seguridad pública en entidades federativas y municipios a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual contará con un Secretariado Ejecutivo encargado de emitir lineamientos y asegurar una coordinación eficaz y transparente.
Recursos y Fiscalización: Control en fondos de seguridad
La reforma también busca asegurar el uso adecuado de los recursos federales asignados a estados y municipios, destinando exclusivamente los fondos a fines de seguridad. Entre los principales recursos, destacan:
- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), con una inversión de 9,201 millones de pesos este año.
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que destinó 116,967 millones de pesos.
- Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, con una bolsa de 64 millones de pesos.
Estos fondos serán auditados tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por la SSPC, a fin de garantizar que los recursos se destinen a los fines de seguridad pública para los que fueron asignados.
Durante el debate, los senadores expusieron diversas opiniones sobre los cambios propuestos. La senadora priista Mely Romero mencionó que, a pesar de los avances, “sigue habiendo muchísimo trabajo por hacer y una falta de sensibilidad ante las injusticias que sufren las mujeres y las víctimas de la violencia.” Romero subrayó que la violencia en el país no puede atribuirse exclusivamente al pasado y que el gobierno actual también debe asumir su responsabilidad en el contexto de más de 200,000 víctimas durante el régimen actual.
Por otro lado, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación por la “condición de los recursos a través de la fiscalización de la SSPC”, lo que podría generar presiones indebidas sobre las entidades federativas. Asimismo, destacó los posibles problemas de coordinación entre la SSPC, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional, ya que la reforma no especifica las tareas concretas que le corresponde a cada institución.
Rol estratégico de la SSPC: Coordinación y homologación de estándares
Uno de los aspectos clave de la reforma es la creación de un Secretariado Ejecutivo dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la capacidad de emitir lineamientos, acuerdos y acciones necesarias para homologar los estándares de seguridad en todo el país. Este organismo busca garantizar una coordinación más eficiente y transparente entre los tres órdenes de gobierno, en atención a los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
“Es crucial que los esfuerzos de seguridad se encuentren bien coordinados y que cada nivel de gobierno contribuya con información y recursos,” comentó el senador de Morena Ricardo Monreal. Según Monreal, esta reforma otorga a la SSPC una estructura más robusta para enfrentar los retos de seguridad en el país, al tiempo que fortalece los mecanismos de control sobre el uso de los fondos federales.
La reforma llega en un contexto de alta demanda social por mejorar la seguridad y reducir la violencia. Los senadores de todas las bancadas coinciden en que los nuevos poderes de la SSPC representan una oportunidad para enfrentar la inseguridad en México. Sin embargo, algunos críticos señalan que, sin un sistema judicial sólido y eficiente, los cambios en la SSPC podrían no traducirse en resultados visibles para la ciudadanía.
Aunque la reforma fortalece a la SSPC, varios senadores destacaron la necesidad de un enfoque integral que también incluya mejoras en el sistema judicial y en la prevención del delito. La senadora Romero mencionó casos concretos de violencia que afectan a mujeres y menores de edad, y subrayó que el país necesita “más que estadísticas y números; necesitamos acciones efectivas y justas para todas las víctimas”.
En respuesta, el senador Monreal aseguró que la reforma representa un paso importante en la dirección correcta, aunque reconoció que el camino hacia la seguridad total en el país es complejo. Por su parte, el senador de Morena añadió que la SSPC no sólo fortalecerá su papel en la coordinación, sino que trabajará para mejorar la estrategia de prevención del delito y garantizar que los fondos lleguen a su destino sin desviaciones.
Enfoque en la Seguridad Nacional
Otro de los puntos destacados de la reforma es la capacidad de la SSPC para coordinarse directamente con el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. Esto permitirá una respuesta más ágil y efectiva en temas de seguridad nacional y pública, auxiliando al Ejecutivo federal en la formulación y ejecución de estrategias específicas para combatir el crimen organizado y otras amenazas.
La reforma pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera una revisión exhaustiva. La expectativa es que el dictamen sea aprobado sin modificaciones, aunque algunos legisladores anticipan posibles ajustes para mejorar la definición de competencias entre las instituciones involucradas.
La reforma representa un intento significativo de mejorar la seguridad en México mediante una mayor coordinación y control de los recursos destinados a este fin. Sin embargo, las opiniones divididas en el Senado y las preocupaciones sobre la implementación muestran que el desafío para mejorar la seguridad pública en el país sigue siendo una tarea monumental.
