Con el respaldo de 123 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó una histórica reforma que eleva a rango constitucional diversos programas sociales destinados a las personas más vulnerables en México. La reforma, que modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución, garantiza derechos fundamentales como una pensión para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad y beneficios directos para campesinos y pescadores. Con estas modificaciones, el Estado mexicano deberá asegurar la continuidad de los programas sociales y garantizar su financiamiento, independientemente de quién ocupe el poder ejecutivo en el futuro.
Un paso hacia la justicia social: pensiones y apoyos garantizados
La reforma establece que todas las personas mayores de 65 años tendrán derecho a una pensión no contributiva, un beneficio que anteriormente era susceptible a cambios en las administraciones. Asimismo, se garantiza que personas con discapacidad menores de 65 años recibirán una pensión no contributiva, y que aquellas con discapacidad permanente, especialmente menores de 18 años, contarán con programas de rehabilitación prioritarios. Esto representa un avance en la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, apuntó Andrea Chávez Treviño, presidenta de la Comisión de Bienestar.
“Esta es una de las reformas constitucionales más nobles, que versa sobre el corazón mismo del Estado”, destacó Chávez Treviño. Aseguró que la inclusión de estos programas en la Constitución blinda su permanencia y evita que se usen con fines partidistas, al constituirse en derechos inalienables para toda la ciudadanía.
Beneficios adicionales: apoyo a productores del campo y seguridad alimentaria
La reforma también integra medidas de apoyo económico para campesinos y pescadores de pequeña escala. Con la inclusión de un jornal seguro para campesinos que cultiven árboles frutales y maderables, y la entrega anual de fertilizantes gratuitos, el Senado pretende fortalecer las economías rurales y asegurar el desarrollo de estas comunidades. Además, el Estado mantendrá precios de garantía para productos básicos como el maíz, frijol, leche, arroz y trigo, lo que, según los legisladores, contribuirá a la seguridad alimentaria de la nación.
La senadora del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo, destacó la importancia de estos apoyos para los sectores agrícolas y pesqueros del país. “Estas reformas impactarán directamente a los sectores de la sociedad que presentan mayores rezagos sociales, fortaleciendo la seguridad alimentaria y brindando un impulso significativo a las economías rurales”, señaló.
Recursos garantizados y enfoque de progresividad
La reforma también introduce el principio de “progresividad”, lo cual obliga al Estado a destinar los recursos necesarios para financiar estos programas sociales, evitando cualquier recorte presupuestal que comprometa su funcionamiento. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que los recursos provendrán del combate a la corrupción y de la recaudación fiscal, y descartó cualquier posibilidad de uso electoral de estos programas al quedar blindados constitucionalmente.
Cantón Zetina expresó que “esta reforma representa un cambio hacia un Estado comprometido con la justicia social, donde el bienestar de las personas no dependa de ideologías o partidos políticos, sino de un compromiso constitucional”.
Una reforma que impulsa la igualdad: reacciones de legisladores y defensores de derechos
Para Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, la reforma constituye un avance significativo en el camino hacia un Estado que prioriza los derechos de las personas. “Estamos en la ruta de revertir décadas de políticas excluyentes; esta reforma revierte el abandono que sufrieron las personas más vulnerables bajo el modelo neoliberal y, en su lugar, fortalece la política social como un derecho para todos los mexicanos”, subrayó.
Por otro lado, la diputada Lizzet Vanessa Bernal Rabadán del PAN, aunque votó a favor, expresó preocupación sobre el uso de estos programas sociales con fines clientelares. “Los programas sociales deben ser derechos de la ciudadanía, no herramientas políticas”, advirtió, y propuso mecanismos de transparencia para evitar desvíos de recursos y asegurar una correcta administración de los fondos destinados.
Un beneficio de largo plazo: continuidad y estabilidad de los programas sociales
Con esta reforma, los programas sociales quedan establecidos de manera permanente en la Constitución, protegiendo a sectores históricamente vulnerados y brindándoles certeza sobre el acceso a estos apoyos en el futuro. La diputada Rebeca Peralta León, del PVEM, celebró la aprobación y resaltó cómo estos programas han reducido la pobreza en México, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Peralta León subrayó que, con la reforma, “se garantiza el financiamiento de estos programas en beneficio de nuestros adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores del campo y pescadores, permitiendo reducir las desigualdades que enfrentan y construir un país más justo”.
Un camino hacia la inclusión: el impacto de la reforma en la vida de los beneficiarios
La reforma es vista por muchos como un acto de justicia social que responde a las necesidades de los grupos más desfavorecidos. En su intervención, el diputado Omar Alejandro García Loria del PRI destacó que al reducir la edad para recibir pensión, se reconoce la trayectoria y el esfuerzo de las personas mayores. Además, señaló que el fortalecimiento de los apoyos a menores de edad con discapacidad promueve su desarrollo integral y participación en el progreso del país.
El diputado Royfid Torres González (MC) enfatizó el carácter inclusivo de la reforma. “Constituye un verdadero beneficio para los sectores históricamente marginados, quienes ahora tendrán acceso a una red de protección social sin depender de decisiones políticas”, declaró. Asimismo, consideró que este cambio es un avance hacia un modelo de país más equitativo.
A medida que la reforma se encamina a su implementación, muchos observan este avance como una señal de un México más justo y equitativo, en el cual los derechos de los ciudadanos no dependen de promesas de campaña, sino de compromisos plasmados en la Constitución.
