El Senado de la República aprobó durante la madrugada de este miércoles 25 de septiembre una de las reformas más controvertidas en materia de seguridad pública en México: la transferencia de la Guardia Nacional (GN) bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 86 votos a favor, 42 en contra y ninguna abstención, los legisladores dieron luz verde tanto en lo general como en lo particular a esta reforma que tiene profundas implicaciones para el control de la seguridad en el país.
La jornada fue larga y estuvo llena de intensas discusiones que comenzaron desde la tarde del martes y se extendieron hasta la madrugada del miércoles. La sesión comenzó oficialmente a las 21:30 horas del martes, siendo la tercera del día dedicada exclusivamente a este tema. A lo largo del debate, diversos senadores de todos los partidos hicieron valer sus posturas, reflejando la fuerte división que genera esta reforma dentro del ámbito político.
Los senadores de Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defendieron la medida, argumentando que fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos de seguridad que enfrenta el país. Claudia Anaya, senadora de Morena, destacó: “Este cambio es necesario para garantizar la estabilidad y seguridad a largo plazo. La Guardia Nacional no puede operar en un vacío; debe tener el respaldo de una estructura como la de la Sedena”.
Por otro lado, la oposición, encabezada por senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que esta reforma vulnera los principios de seguridad pública y el control civil sobre las fuerzas armadas. Marko Cortés, del PAN, fue uno de los oradores más vehementes en contra de la propuesta: “Cuando aprobamos la creación de la Guardia Nacional, lo hicimos bajo la premisa de que sería un cuerpo de mando civil. Esta reforma incumple esa promesa y abre la puerta a una militarización que el país no necesita”.
Detalles de la reforma
La reforma aprobada modifica el artículo 21 de la Constitución, permitiendo que la Guardia Nacional, originalmente concebida como un cuerpo de seguridad civil, pase a estar bajo el mando militar, específicamente bajo la Sedena. Además, se le otorgan funciones de Ministerio Público (MP) en el ámbito de su competencia, lo que implica que podrá investigar delitos, algo que ha generado preocupaciones en organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
Claudia Anaya Mota, senadora del PAN, fue una de las voces que expresó sus reservas sobre este cambio: “No es la función de la Guardia Nacional investigar delitos. Esta tarea debe estar en manos de las autoridades civiles, como lo ha recomendado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos diluyendo la separación de funciones entre el poder civil y militar”.
La propuesta también modifica el artículo 123 constitucional, estableciendo que los integrantes de la Guardia Nacional, junto con militares, marinos y personal de otras fuerzas del orden, se regirán por sus propias leyes, en lugar de estar sujetos a las normativas civiles habituales. Esto, según los defensores de la reforma, es necesario para garantizar una mayor coordinación entre las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
Reacciones encontradas en el Senado y la sociedad
Durante la sesión, diversos legisladores de oposición reclamaron el impacto que esta reforma tendrá sobre la sociedad mexicana. El senador Ricardo Anaya, del PAN, criticó duramente las modificaciones, argumentando que no abordan el problema real de la violencia en México: “Desde el sexenio de Felipe Calderón hasta hoy, hemos visto cómo la militarización no ha solucionado los problemas de seguridad. Los homicidios no han disminuido, y esta reforma no ofrece una solución estructural a la violencia”.
A pesar de las críticas, los senadores de Morena defendieron la medida como un paso adelante en la lucha contra el crimen organizado. Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, señaló que la reforma es una respuesta a las necesidades actuales del país, donde las fuerzas armadas han desempeñado un papel crucial en el mantenimiento del orden: “La seguridad pública no puede estar desconectada de nuestras Fuerzas Armadas. Este gobierno ha trabajado para que el Ejército sirva al pueblo de México, y esta reforma refuerza esa idea”.
Siguiente paso: Aprobación de los Congresos estatales
Con la aprobación en el Senado, el siguiente paso para que esta reforma entre en vigor es su aprobación por al menos 17 congresos estatales. La votación en los estados se espera que también esté rodeada de controversia, especialmente en aquellos gobernados por la oposición. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, explicó que una vez que los congresos estatales aprueben la reforma, será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se convertirá en ley.
Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales ya han alzado la voz en contra de esta decisión. Manuel Añorve Baños, senador del PRI, expresó las preocupaciones de quienes consideran que esta reforma erosiona el control civil sobre la seguridad pública: “La militarización de la Guardia Nacional no es una solución, es un disfraz para ocultar que no han dado los resultados prometidos en materia de seguridad”.
Debate que refleja la polarización política
Este debate sobre la Guardia Nacional ha dejado en evidencia la profunda polarización que existe en el panorama político mexicano. Mientras que los defensores de la reforma la ven como una herramienta necesaria para enfrentar el crimen organizado, la oposición y las organizaciones civiles temen que este sea un paso hacia un modelo de seguridad más autoritario y menos transparente.
El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, resumió la posición de la oposición con una advertencia: “Hoy estamos decidiendo el futuro de la seguridad en nuestro país, y lo estamos haciendo con una premisa equivocada: que más militares en las calles traerán más paz. La historia nos ha demostrado lo contrario”.
La reforma a la Guardia Nacional marca un punto de inflexión en la política de seguridad de México, y aunque ha sido aprobada por el Senado, su implementación y sus consecuencias aún están por verse. El debate sobre el papel de las fuerzas armadas en la vida civil continúa, y la sociedad mexicana seguirá atenta a los resultados de esta decisión.
