En una sesión legislativa de fast-track, el Senado de la República aprobó en solo 24 horas reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo, marcando un paso importante en el camino hacia el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna.
¿Qué contemplan las reformas?
Las modificaciones, enviadas por el Ejecutivo, establecen que el Infonavit deberá crear una empresa filial encargada de la construcción de viviendas antes de que finalice 2024 y los trabajadores tendrán la opción de arrendar estas viviendas con la posibilidad de adquirirlas posteriormente.
Un punto clave es que el descuento por arrendamiento no podrá exceder el 30% del salario del trabajador, una medida que busca evitar cargas económicas desproporcionadas. Asimismo, se reformaron los mecanismos de integración de los órganos de gobierno del Infonavit, con miras a una mayor representatividad y transparencia.
La aprobación de las reformas se dio con 68 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 29 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC). La oposición criticó la rapidez del proceso, calificándolo de apresurado y sin análisis suficiente.
El coordinador de MC, Clemente Castañeda, expresó su preocupación sobre los efectos negativos que podrían impactar el patrimonio de los trabajadores, argumentando que estos cambios se realizaron sin consultar a los principales afectados. Su moción suspensiva para aplazar la discusión fue rechazada por la mayoría parlamentaria.
Morena justificó la velocidad del proceso al señalar que estas reformas son esenciales para cumplir con la reforma constitucional en materia de vivienda digna. “Este es un avance para garantizar derechos sociales fundamentales”, sostuvo uno de los senadores del bloque oficialista durante el debate.
¿Qué sigue?
Con estas reformas, se sientan las bases para que el Infonavit no solo administre créditos, sino que también participe activamente en la construcción de viviendas dignas para los trabajadores. El reto ahora será su implementación efectiva, asegurando que las medidas beneficien realmente a los trabajadores y no queden en meras promesas legislativas.
A pesar de las críticas por la rapidez del proceso, la mayoría oficialista destacó que se trata de un avance histórico en la lucha por una mayor justicia social para los trabajadores de México.
