El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, presentó una serie de reformas que buscan establecer límites y restricciones a las plataformas de renta de inmuebles a corto plazo, como Airbnb. Esta propuesta forma parte de un paquete de cinco iniciativas que se enviaron al Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de abordar varios temas relacionados con el uso del espacio urbano y la regulación de ciertos sectores económicos.
Batres explicó que esta reforma se enfocará en limitar el uso exclusivo de inmuebles para renta a corto plazo a través de plataformas digitales. “Un inmueble no podrá dedicarse en su totalidad a este tipo de renta”, afirmó, refiriéndose a la necesidad de garantizar que las viviendas sigan cumpliendo su función social. Además, la regulación prohibirá que viviendas producto de inversión social pública sean utilizadas en plataformas como Airbnb, con el fin de preservar su función como bien social.
Según datos de 2023, Airbnb controlaba aproximadamente 20 mil espacios en la Ciudad de México, incluyendo habitaciones, departamentos y casas. El rápido crecimiento de estas plataformas ha generado preocupación entre autoridades y habitantes, ya que ha llevado al encarecimiento de los alquileres tradicionales, afectando el acceso a la vivienda para los residentes locales. La iniciativa busca poner un freno a este fenómeno, estableciendo un marco que proteja tanto a los inquilinos como a las comunidades locales.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) fue la encargada de desarrollar los detalles de la propuesta, que incluyó restricciones claras sobre el uso de inmuebles para rentas digitales. Además de limitar el uso de viviendas para fines comerciales, la iniciativa también busca regular el uso de propiedades en zonas de alta demanda y garantizar que los beneficios de las inversiones públicas no se desvíen hacia fines lucrativos.
Esta propuesta se suma a otras reformas planteadas por el gobierno capitalino, como el apoyo vitalicio para deportistas paralímpicos y una mayor vigilancia en la sanción de establecimientos que incumplen con la normativa. Las cinco iniciativas fueron presentadas al Congreso local a fin de su discusión y posible aprobación.
Con estas medidas, el gobierno capitalino busca proteger el derecho a la vivienda y equilibrar el uso de los espacios urbanos en beneficio de la comunidad, promoviendo una ciudad más equitativa y accesible para todos sus habitantes.
