El conflicto en torno a la Reforma Judicial que ha generado tensiones en los últimos meses alcanzó un nuevo suceso este pasado 4 de septiembre, cuando la jueza Martha Eugenia Magaña López, del Quinto Tribunal de Distrito en Cuernavaca, Morelos, concedió una suspensión definitiva que paraliza la discusión y aprobación de la controversial reforma en el Senado.
La medida ha sido celebrada por algunos sectores del Poder Judicial y criticada por figuras cercanas al Ejecutivo, analicemos los detalles del fallo, las implicaciones políticas y las reacciones de los principales actores involucrados.
Amparo que frena la Reforma Judicial
La suspensión definitiva otorgada por la jueza Magaña López se deriva de un amparo interpuesto por cuatro jueces federales, quienes argumentaron que la reforma atenta contra sus derechos laborales y afecta la independencia del Poder Judicial. Estos jueces presentaron su caso el 31 de agosto y tras una suspensión provisional, la jueza determinó que la reforma no puede ser discutida en el Senado ni enviada a los congresos estatales para su eventual aprobación.
Según el fallo, la reforma que plantea cambios drásticos en la estructura del Poder Judicial, no solo afectaría la organización interna de este poder, sino que también podría “causar un perjuicio a la salud, la economía y el ambiente”, afectando gravemente a la sociedad.
En sus comentarios, la jueza Magaña López destacó que su decisión se basa en la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los jueces que presentaron el amparo, quienes argumentaron que la reforma les despojaría de sus cargos sin derecho a audiencia ni a indemnización.
Jueces federales, principales opositores a la reforma
Los jueces que presentaron el amparo han mantenido una postura firme contra la reforma desde su presentación en el Congreso. Argumentan que los cambios propuestos no solo vulneran su estabilidad laboral, sino que también representan una amenaza a la independencia judicial en México.
En un comunicado emitido por la Asociación Nacional de Jueces Federales, se expresó que la reforma judicial, en su forma actual, permitiría al Ejecutivo controlar indirectamente al Poder Judicial a través de la selección de jueces afines al gobierno. “Este es un intento claro de politizar el Poder Judicial y debilitar su capacidad para actuar como contrapeso a otros poderes”, se lee en el comunicado.
Posibles denuncias ante la Fiscalía General de la República
Además de la suspensión definitiva, la jueza Magaña López sugirió la posibilidad de que se presenten denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los legisladores que no han cumplido con las órdenes judiciales. Según Magaña López, tanto la Secretaría de Gobernación como la Comisión de Puntos Constitucionales no respondieron a tiempo a las notificaciones enviadas por el tribunal, lo que podría constituir un desacato a la ley.
“Estamos evaluando las posibles sanciones por esta omisión. La ley es clara en cuanto a las responsabilidades de las autoridades cuando se trata de respetar las suspensiones otorgadas por un juez”, expresó Magaña López en su resolución.
¿Qué sigue para la Reforma Judicial?
Con la suspensión definitiva otorgada, la reforma enfrenta un futuro incierto. Aunque el Ejecutivo y algunos legisladores han expresado su intención de seguir adelante, los amparos y recursos legales interpuestos por los jueces federales han frenado temporalmente el avance de la iniciativa.
Los expertos en derecho constitucional coinciden en que este caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se definiría si la reforma puede o no continuar. “Es probable que la SCJN tenga que intervenir para aclarar los límites entre los poderes y decidir si esta reforma puede proceder en su forma actual”, opinó Diego Valadés, constitucionalista y exministro de la Corte.
Por el momento, la sociedad mexicana sigue dividida entre quienes apoyan la reforma como una medida necesaria para combatir la corrupción y quienes ven en ella una amenaza para la democracia y la independencia del Poder Judicial. Lo que está claro es que, con la suspensión definitiva en vigor, el debate sobre la reforma judicial está lejos de concluir.
