La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó revuelo al darse a conocer que aprobó en sesión privada, un acuerdo que aumenta considerablemente el haber de retiro para ministros y ministras. La medida, encabezada por la ministra presidenta Norma Piña, ha sido criticada por aparentar priorizar beneficios económicos personales sobre los principios de austeridad pública.
El acuerdo establece que los ministros que hayan presentado su renuncia anticipada recibirán un haber de retiro calculado en función de su salario actual, el cual supera en 15.4% al monto proyectado para 2025. Este aumento se deriva del próximo recorte a prestaciones como el pago de riesgos, lo que asegurará beneficios económicos significativamente mayores para los ministros retirados.
Contexto del haber de retiro
El haber de retiro es un mecanismo destinado al pago tras su separación del cargo, pero este reciente ajuste ha generado cuestionamientos en torno a la congruencia con la política de austeridad promovida en otros niveles del gobierno.
El salario actual de los ministros, que ronda los 206 mil pesos mensuales, será el parámetro para calcular sus montos de retiro. Esto podría representar un costo considerable para el erario público, especialmente en un momento en que otros órganos del gobierno han implementado ajustes presupuestarios.
Reacciones al acuerdo
Diversos sectores han criticado la medida. Organizaciones de la sociedad civil y legisladores de oposición han señalado que la aprobación en una sesión privada limita la transparencia y deja al margen a la ciudadanía de un debate que debería ser público.
Por su parte, defensores de la SCJN argumentan que el haber de retiro es esencial para proteger la independencia judicial, evitando que los ministros enfrenten presiones económicas tras dejar su cargo.
Impacto en la percepción pública
El acuerdo reaviva el debate sobre las altas percepciones de los ministros de la SCJN, que ya enfrentan cuestionamientos por sus prestaciones laborales y el uso de recursos públicos. En un país donde los principios de equidad y austeridad son cada vez más demandados, esta decisión podría afectar la confianza en el máximo tribunal del país.
Con esta resolución, la SCJN se posiciona nuevamente en el centro de un debate que confronta la justicia social con las percepciones privilegiadas de los servidores públicos en los más altos niveles.
