El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) decidió reservar los resultados de las pruebas de laboratorio que confirmaron la presencia de compuestos de aceite degradado en el agua del pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Esta decisión, que podría mantener la información en secreto hasta por cinco años, ha generado un amplio debate sobre la transparencia y el derecho a la información.
Según Sacmex, la reserva de estos resultados se justifica por formar parte de una investigación en curso, iniciada después del hallazgo de la contaminación el pasado 18 de abril. La entidad argumenta que la divulgación de los datos podría entorpecer el proceso legal en curso y potencialmente comprometer la investigación de un presunto delito de sabotaje.
La medida ha sido recibida con críticas por parte de la alcaldía de Benito Juárez y diversas organizaciones civiles. Estos grupos argumentan que es un derecho humano fundamental de los residentes conocer la calidad del agua que consumen y las causas de su contaminación. Además, expresan preocupación por las acciones de remediación, cuestionando si estas han sido suficientes para garantizar la seguridad del agua.
En respuesta a la presión pública, el Gobierno de la Ciudad, liderado por Martí Batres, ha insistido en que el agua en Benito Juárez cumple con los parámetros normales, aunque no ha clarificado si es apta para el consumo humano. Este comentario ha añadido más incertidumbre y ha intensificado las demandas de información clara y accesible.
La situación escaló cuando residentes de la colonia Del Valle, afectados por la calidad del agua, obtuvieron una suspensión provisional por parte de un juez, la cual obliga a las autoridades a garantizar el acceso a agua potable y segura. Este desarrollo legal subraya la urgencia y la gravedad del problema, poniendo en evidencia la necesidad de una gestión transparente y eficaz en la provisión de servicios básicos.
Mientras tanto, el comité de transparencia de Sacmex sostiene que la reserva de información es necesaria hasta que concluya el proceso judicial, una posición que continúa enfrentando resistencia de los ciudadanos y defensores del derecho a la información pública. La controversia sigue en pie, marcando un punto crítico en la lucha por la transparencia gubernamental y la seguridad ambiental en la Ciudad de México.
