El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, señaló que la resolución emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en torno a la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez, atenta contra la libertad de expresión, censura y marca un retroceso al desarrollo del pensamiento crítico en el país.
“Esta postura del Instituto Electoral de la Ciudad de México es oscurantista, es medieval. No les gusta un pensamiento, entonces buscan censurarlo; no están de acuerdo con una opinión, entonces quieren censurarla administrativamente, pero ¿qué va a pasar? Lo que va pasar es que mucha gente que piensa así, ahora con más ganas lo va a difundir por redes sociales. (…) Por un lado me parece un retroceso muy lamentable a los tiempos de la censura y el oscurantismo; y por otro lado, me parece muy difícil que con esas medidas puedan evitar que florezca el pensamiento crítico”, expresó.
Comentó que esta determinación también muestra que el organismo electoral no es imparcial, ya que la mayoría de los consejeros, más no todos, responde a determinadas fuerzas políticas.
El mandatario capitalino subrayó que, independientemente de cómo se le llame a la corrupción inmobiliaria, esta actividad ilícita es real y ante los casos de autorización de pisos excedentes ocurridos en los últimos años, donde se vieron involucrados exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, recientemente se incorporó como delito al Código Penal de la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía General de Justicia local continuará con la investigación correspondiente.
“Esta reforma obedece a situaciones reales, sino no se hubiera dado, cambian las realidades y eso implica que frente a conductas que se desarrollan se establezcan nuevos tipos penales. (…) Y la Fiscalía, por ejemplo, tendrá que seguir haciendo sus investigaciones y las investigaciones que tienen, tienen tiempos legales, no se pueden retrasar o acelerar por otro tipo de proceso; y por otro lado, la ciudadanía que tenga algo que denunciar tiene plena libertad para presentar denuncias ante la Fiscalía”, afirmó.
Agregó que en las sanciones por este tipo de actividad delictiva, también interviene el Poder Judicial de la Ciudad de México, a la vez que recordó que por corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez han sido sentenciados cuatro funcionarios, quienes admitieron su responsabilidad y a manera de reparación del daño entregaron a la Fiscalía inmuebles con un valor de más de 100 millones de pesos.
“Hay otros que forman parte de esta investigación, que están vinculados a proceso, sin ser detenidos; hay otros que están vinculados a proceso y están detenidos; hay otros que han sido acusados, aunque no se han vinculado a proceso; y hay quienes están evadidos de la justicia, que tienen citatorios y no se han presentado”, concluyó.
