El Senado de la República aprobó una serie de reformas para reestructurar funciones clave del gobierno federal, incluyendo la absorción de actividades que actualmente realizan órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Con 82 votos a favor y 39 en contra, el bloque oficialista dio luz verde a la creación de nuevas instituciones como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituirán a los mencionados órganos autónomos. Por otro lado, la oposición criticó la medida, señalando que se atenta contra la imparcialidad necesaria para garantizar la transparencia y la regulación en telecomunicaciones.
La reforma también contempla nuevas disposiciones para diversas secretarías. Entre los cambios aprobados por unanimidad están la creación de la Secretaría de la Mujer y la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Además, se fortalecieron áreas como Seguridad y Protección Ciudadana, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Salud.
En el caso de la nueva Secretaría de Ciencia, se garantizará el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del actual Conacyt, cuyos centros de investigación serán integrados a esta dependencia. Asimismo, las funciones del Instituto Nacional de las Mujeres se trasladarán a la Secretaría de la Mujer.
Polémica sobre los datos biométricos
Otra medida aprobada permite que la Secretaría de Gobernación comparta la base de datos biométricos de los mexicanos con otras instituciones gubernamentales “competentes”. La oposición ha manifestado preocupación por posibles vulneraciones a los derechos de privacidad de los ciudadanos.
Avanza prisión preventiva oficiosa
En paralelo, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron incluir nuevos delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, como el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, extorsión, contrabando y la emisión de comprobantes fiscales falsos. Estas reformas al artículo 19 constitucional buscan endurecer la lucha contra el crimen organizado, aunque han generado críticas por su impacto potencial en la presunción de inocencia.
Con estas medidas, el gobierno busca centralizar funciones clave, pero la oposición advierte sobre los riesgos de excesiva concentración de poder en el Ejecutivo.
