El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) anunció la suspensión temporal de los términos y plazos procesales en respuesta a las manifestaciones y protestas en contra de la reforma judicial en discusión. Esta medida busca evitar que los derechos de terceros se vean afectados mientras se abordan los cambios que transformarán el sistema de justicia, incluido el polémico proceso de elección popular de jueces.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, subrayó que la administración de justicia no puede detenerse por completo, por lo que se ha implementado un sistema de guardias para garantizar el acceso a servicios esenciales.
La reforma judicial, que ha provocado intensas manifestaciones en las calles de la Ciudad de México, busca modificar profundamente el sistema de justicia en el país. Uno de los puntos más controversiales es la propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular, un proceso que ha generado incertidumbre entre los miembros del Poder Judicial y la ciudadanía.
Las protestas han reunido a miles de trabajadores del sistema judicial, abogados y ciudadanos preocupados por el impacto que estas reformas tendrán en la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial. Bloqueos en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en las inmediaciones de sedes judiciales, han paralizado gran parte de las actividades, lo que llevó al PJCDMX a tomar la decisión de suspender temporalmente los procedimientos.
Suspensión de Procedimientos:
El magistrado Rafael Guerra Álvarez explicó que la suspensión de términos y plazos es una medida excepcional para evitar perjuicios a terceras personas que dependen de los trámites judiciales y aclaró que la justicia no puede detenerse completamente, por lo que se han establecido guardias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
“En estos momentos tan inéditos que vivimos, es nuestra responsabilidad encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de continuar con la administración de justicia”, comentó Guerra Álvarez. También subrayó que se debe proteger tanto a las personas juzgadoras como a los trabajadores de base del PJCDMX.
El principal foco de las manifestaciones es la incertidumbre generada por la propuesta de elección popular de jueces, una idea que ha sido criticada por algunos sectores que temen que este mecanismo socave la independencia judicial. A pesar de las críticas, Guerra Álvarez destacó que el proceso de implementación de la reforma será gradual, extendiéndose hasta 2027, y que solo las plazas disponibles estarán sujetas a elecciones.
Durante las protestas, varios manifestantes expresaron su preocupación por el posible impacto que tendría la reforma en la calidad de la justicia. “Elegir jueces por voto popular es un riesgo para la independencia judicial. Los jueces deben ser seleccionados por su capacidad y méritos, no por la popularidad”, comentó un abogado participante en una de las manifestaciones frente al edificio del PJCDMX.
Reforma y sus Fases:
El magistrado Guerra Álvarez reiteró que la reforma no se aplicará de manera inmediata, sino que será un proceso paulatino. “Estamos hablando de un cambio que tomará tiempo. La elección popular de jueces es solo uno de los puntos de la reforma, y lo que estamos haciendo es proteger los derechos de los jueces actuales mientras se lleva a cabo la implementación”, explicó durante una conferencia de prensa.
Una de las propuestas clave surgidas en el Primer Diálogo Nacional para la Reforma al Poder Judicial fue precisamente asegurar que los jueces y magistrados en funciones no se vieran afectados por el nuevo sistema de elección. Esta propuesta fue aceptada e integrada en la reforma constitucional, lo que permitió que solo las vacantes que surjan a partir de 2027 sean sometidas a elección popular.
El impacto de la reforma judicial va más allá del sistema judicial. Los cambios propuestos han encendido un debate nacional sobre cómo debe estructurarse el Poder Judicial y cómo puede garantizarse su independencia. Para muchos ciudadanos, la reforma podría significar un cambio positivo al hacer más transparente y accesible la elección de jueces, sin embargo, para otros el riesgo de politización del sistema es una amenaza real.
Un empleado judicial, que prefirió mantener su anonimato, comentó: “Nos preocupa la incertidumbre sobre cómo se manejarán los futuros procesos de elección y cómo afectará nuestra carrera. Esperamos que el gobierno escuche nuestras inquietudes antes de que sea demasiado tarde”.
Por su parte, colectivos ciudadanos han expresado tanto su apoyo como su rechazo a la reforma. “Es un paso importante hacia la democratización de la justicia en México. La gente debe tener una voz en la elección de quienes los juzgan”, señaló un activista a favor de la reforma. En contraste, otros grupos han realizado campañas para frenar la implementación de esta medida, argumentando que podría generar favoritismos y comprometer la calidad de los jueces.
La suspensión de procedimientos por parte del PJCDMX marca un momento clave en el desarrollo de la reforma judicial. Mientras las protestas continúan y las discusiones sobre los cambios propuestos siguen vigentes, el Poder Judicial busca mantener un equilibrio entre garantizar la justicia para los ciudadanos y responder a las demandas de quienes ven en esta reforma una amenaza a la independencia judicial.
El proceso aún tiene un largo camino por delante, y los actores clave de este debate –desde magistrados y jueces hasta ciudadanos y manifestantes– seguirán participando activamente en la construcción de un nuevo sistema judicial que pueda satisfacer tanto las necesidades de imparcialidad como las demandas de mayor democratización.
Las reformas judiciales siempre han sido un terreno de discusión delicado, y en el caso de la Ciudad de México, este proceso no es la excepción. En los próximos meses, las acciones del PJCDMX y la respuesta del gobierno serán cruciales para determinar el futuro del sistema judicial en la capital y en el país en general.
