El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación ante las recientes reformas judiciales en México y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. Türk subrayó la importancia de garantizar la independencia del Poder Judicial y de seleccionar candidatos íntegros y con las calificaciones necesarias para ocupar cargos como jueces, magistrados y ministros.
El comisionado señaló que, aunque algunas reformas han buscado avances en derechos, como la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, las disposiciones actuales de la reforma judicial podrían debilitar gravemente la capacidad del Poder Judicial para garantizar el Estado de derecho.
“Hemos visto iniciativas que promueven los derechos de las mujeres y comunidades indígenas, pero la reforma judicial plantea riesgos serios para la independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia”, advirtió Türk.
Prisión preventiva: una preocupación constante
Sobre la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, Türk insistió en que esta medida no es una solución adecuada en casos de inseguridad o crisis judicial. “Es preocupante que México, al igual que otros países, siga recurriendo a esta práctica en lugar de buscar alternativas que fortalezcan el sistema de justicia”, señaló.
Magistrados denuncian irregularidades
En un evento independiente, magistrados mexicanos criticaron el proceso de selección de jueces y ministros, calificándolo de opaco y carente de profesionalismo. Según el magistrado José Rogelio Alanis, el proceso ha estado marcado por el nepotismo, la discrecionalidad y la falta de criterios claros de idoneidad.
Entre las acusaciones destacadas está la inclusión de familiares de figuras políticas del partido en el poder. “El hecho de que la hija de Olga Sánchez Cordero o la hija de Bernardo Bátiz sean candidatas genera cuestionamientos sobre la transparencia y el mérito en estos nombramientos”, afirmó Alanis.
Llamado a la transparencia
Ambas posturas, tanto de la ONU como de los magistrados nacionales, subrayan la urgencia de garantizar procesos claros, transparentes y libres de intereses políticos en el sistema judicial mexicano. La independencia judicial, recalcaron, es esencial para la consolidación del Estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones.
