En el marco de los recientes foros universitarios sobre la Reforma Constitucional en materia de Justicia, realizados en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, destacados académicos y juristas expresaron profunda preocupación por la posibilidad de que el crimen organizado influya en la elección de jueces y magistrados en México.
Este cambio, propuesto para democratizar el proceso de designación, podría, según expertos, abrir la puerta a la corrupción y al financiamiento ilícito en los niveles más altos del sistema judicial del país.
Durante el tercer día de los foros, el magistrado Ariel Rojas Caballero alertó sobre las graves implicaciones de permitir que la elección de jueces se realice a través del voto popular, especialmente en los circuitos judiciales donde los grupos de interés tienen una fuerte presencia. “No seamos ingenuos, va a haber financiamiento ilícito. Además, el crimen organizado tendría la oportunidad de tener a jueces formalmente pagados y en nómina”, advirtió Rojas Caballero.
Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió con esta evaluación y criticó la reforma como un intento de capturar el Poder Judicial, no de democratizarlo. “Esta no es una reforma para democratizar al Poder Judicial; es una reforma para capturarlo”, señaló Reyes, destacando la ausencia de filtros meritocráticos en el proceso de selección de candidatos.
Los participantes en el foro también discutieron cómo la necesidad de financiamiento para las campañas electorales de los candidatos a jueces podría abrir la puerta a contribuciones no solo de fuentes legítimas sino también de aquellas ilegítimas, exacerbando los problemas de corrupción ya presentes en otros niveles de elecciones en México.
Además, el magistrado Rojas Caballero subrayó que la reforma podría agravar la falta de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad, preocupando también a los mercados internacionales por la potencial debilidad que esto representaría para el sistema de administración de justicia en México.
La discusión también contó con la participación de Margaret Satterthwaite, relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien expresó su preocupación por cómo esta reforma podría socavar la independencia judicial en México, citando riesgos de intimidación y interferencia por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo hacia la judicatura.
A pesar de las fuertes críticas, algunos participantes, como Rubén Islas Ramos, profesor de la FES Acatlán, argumentaron a favor de la reforma, cuestionando por qué los ciudadanos pueden votar por presidentes y legisladores pero no por jueces, planteando la necesidad de mayor representatividad ciudadana en el sistema judicial.
El foro concluyó con un llamado generalizado a un análisis más profundo y considerado de la reforma propuesta, con un enfoque en asegurar la independencia, la profesionalización y la imparcialidad del sistema judicial, en lugar de abrirlo a influencias externas que podrían comprometer su integridad y eficacia.
