La Ciudad de México se encuentra en el centro de un intenso debate sobre la eficacia y ética del sistema judicial, exacerbado por las recientes discusiones en la Cámara de Diputados sobre la necesidad de una reforma judicial profunda. Las acusaciones de corrupción, ineficiencia y nepotismo lanzadas por legisladores y activistas contrastan con las defensas presentadas por miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y otros representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La reforma judicial propuesta busca abordar múltiples preocupaciones sobre la integridad y eficiencia del sistema judicial mexicano. El senador Ricardo Monreal y otros críticos han señalado que el CJF ha demostrado ser ineficaz para erradicar la corrupción y el nepotismo, citando que solo un pequeño porcentaje de los servidores públicos ha sido sancionado de forma significativa.
En respuesta, representantes del PJF han defendido la institución destacando avances significativos en la reforma judicial de 2021, impulsada por el entonces presidente del PJF, Arturo Zaldívar. La magistrada Selina Avante Juárez subrayó que sólo el 0.7% del personal judicial ha mostrado indicios de corrupción, una cifra que, según ella, desmiente las acusaciones generalizadas de corrupción.
La magistrada Lilia Mónica López Benítez proporcionó cifras concretas para ilustrar los esfuerzos disciplinarios, mencionando que entre 2018 y la fecha actual, se han impuesto 475 sanciones que incluyen destituciones e inhabilitaciones. Además, resaltó el papel de la Comisión de Disciplina y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) en la imposición de medidas disciplinarias.
Durante los foros legislativos, la ministra Lenia Batres criticó la orientación del sistema judicial, argumentando que se privilegia la atención a casos mercantiles y fiscales sobre derechos fundamentales como la salud, educación y vivienda. En contraposición, el ministro Javier Laynez Potisek cuestionó la validez de juzgar a todo el sistema judicial por las acciones de unos pocos, defendiendo la integridad de muchos jueces y magistrados comprometidos con la justicia.
El debate sobre la reforma judicial sigue abierto y polarizado, reflejando una lucha entre la necesidad de renovación y la defensa del progreso alcanzado hasta ahora. Mientras los críticos de la reforma presidencial argumentan que el CJF es un órgano obsoleto y corrupto, los defensores insisten en que las reformas han comenzado a dar fruto y deben tener la oportunidad de continuar desarrollándose.
El diálogo sobre la reforma judicial en México está lejos de concluir. Con posiciones firmemente arraigadas en ambos lados, el futuro de la justicia mexicana pende de un hilo de decisiones legislativas y judiciales que tendrán profundas implicaciones para la sociedad. La expectativa general es que el debate continuará siendo un punto focal en la agenda política nacional, con implicaciones significativas para la percepción pública de la justicia en México.
