En una jornada marcada por el compromiso con la protección infantil, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma legislativa, destinada a cambiar la forma en que se manejan los accidentes viales involucrando violencia, particularmente en presencia de menores. Esta medida representa un avance significativo en los esfuerzos por salvaguardar el bienestar emocional y físico de la infancia en entornos urbanos complejos.
Durante el periodo extraordinario del pleno, los legisladores decidieron abordar esta problemática con la seriedad que amerita, modificando los artículos 135, 240 y 242 del Código Penal local.
Estas modificaciones estipulan que cualquier accidente de tráfico en el que se involucre violencia física, psicoemocional, moral o amenazas hacia los pasajeros de otra unidad, en presencia de niños y adolescentes, será perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia particular. Las sanciones establecidas para estos actos varían desde los tres meses hasta los 3.5 años de prisión.
Además, se añadió una fracción nueva al artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, especificando que estos actos de violencia constituyen una causal de excepción para la persecución oficiosa de delitos.
La diputada Polimnia Romana Sierra subrayó la importancia de proteger el desarrollo cerebral durante la primera infancia. “El cerebro de los niños es extremadamente sensible a los estímulos externos y la exposición a la violencia puede alterar significativamente su bioquímica cerebral”, explicó Sierra.
Este entendimiento fue clave para fomentar un apoyo robusto a la reforma, reforzando la idea de que la presencia de violencia no solo causa daños físicos, sino que también puede tener consecuencias devastadoras y duraderas en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores.
El diputado Diego Garrido, en su intervención, destacó que la reforma busca prioritariamente proteger el interés superior de la niñez.
“Es fundamental que los niños y niñas que se encuentren en la vía pública o dentro de un vehículo durante un conflicto vial estén protegidos de manera integral”, afirmó Garrido. Esta medida también busca disuadir a los adultos de involucrarse en comportamientos violentos, aumentando las penas y agravantes en situaciones donde los menores estén presentes.
Esta legislación no solo altera el panorama legal respecto a los accidentes viales y la violencia, sino que también manda un mensaje potente sobre la seriedad con la que la sociedad debe tratar la protección infantil. Se espera que esta reforma tenga un efecto disuasorio considerable, reduciendo la incidencia de la violencia en situaciones de tráfico y mejorando la seguridad general en las calles de la ciudad.
En resumen, la aprobación de esta reforma por el Congreso de la Ciudad de México es un paso monumental hacia una sociedad que respeta y protege activamente a sus miembros más vulnerables. Con estas modificaciones, la ciudad no solo se posiciona como líder en políticas de protección infantil en contextos urbanos, sino que también establece un precedente valioso para otras jurisdicciones interesadas en mejorar la seguridad y el bienestar emocional de los niños y niñas en entornos similares.
