En una votación dividida, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma de supremacía constitucional con 44 votos a favor de Morena y sus aliados y 20 en contra, sin abstenciones. Esta iniciativa, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, establece que no podrán promoverse juicios de amparo ni controversias de inconstitucionalidad contra futuras reformas constitucionales, lo que ha generado un fuerte debate entre las bancadas.
La sesión duró dos horas y estuvo marcada por posturas contrastantes. La diputada Patricia Urriza de Movimiento Ciudadano alertó sobre los riesgos de la reforma, afirmando que “eliminan las herramientas de las personas para defenderse contra el poder”. Advirtió que esta medida podría permitir que cualquier gobierno imponga cambios constitucionales sin que la ciudadanía pueda cuestionarlos ante la Suprema Corte. “Imaginen que un régimen imponga la pena de muerte, restrinja el derecho al voto o elimine la democracia. Con esta reforma, no habría cómo detenerlo”, expresó Urriza durante su intervención.
Desde la bancada de Morena, el diputado Víctor Hugo Romo defendió la reforma, argumentando que consolida la supremacía de la Constitución local y reafirma el carácter inviolable de sus disposiciones. Según Romo, la Constitución es un pacto social y la reforma busca preservar su esencia, asegurando que el documento refleje las decisiones del Congreso sin posibilidad de impugnación. Aseguró que esta medida fortalecerá el orden constitucional de la Ciudad de México, alineándose con principios de soberanía y autogobierno.
Alcances de la Reforma
La reforma implica que, a partir de ahora, no podrán presentarse juicios de amparo ni acciones de inconstitucionalidad contra reformas o adiciones constitucionales en la Ciudad de México. Para el sector opositor, esta disposición elimina un importante recurso de control constitucional que permitía a la ciudadanía y a las instituciones recurrir a la justicia en caso de reformas consideradas lesivas para los derechos.
Debate y repercusiones
Mientras Morena y sus aliados sostienen que esta reforma es un avance hacia la consolidación de la soberanía de la Constitución local, opositores advierten que podría usarse para legitimar decisiones autoritarias en el futuro. Este cambio plantea preguntas sobre los mecanismos de control y defensa de los derechos constitucionales en el ámbito local y abre la puerta a nuevas discusiones sobre el equilibrio de poderes y la participación ciudadana en la vida pública de la capital.
La aprobación de esta reforma representa un punto de inflexión en el marco legal de la Ciudad de México, marcando una nueva etapa en la relación entre el poder legislativo local y la protección de los derechos ciudadanos.
