Las cosas no van bien para Alito Moreno, en este nuevo capítulo de su thriller político, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido popularmente como “Alito”, y su hermano Emigdio, se encuentran bajo la lupa de las autoridades federales.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han desplegado un operativo de investigación que ha puesto en evidencia una compleja red de empresas fachada, utilizadas para mover sumas millonarias de forma sospechosa.
Según informes de la UIF, se detectaron movimientos bancarios inusuales y traspasos millonarios que vinculan directamente a Emigdio Moreno, hermano del político, con seis propiedades en la Ciudad de México y una adicional en el condado de Harris, Houston, Texas. Las autoridades siguieron la pista a Emigdio durante doce meses, revelando su participación como apoderado legal en seis empresas señaladas por las investigaciones como parte de una red de fachada para la triangulación de fondos.
El desglose financiero expuesto por la UIF indica que, entre el 14 de junio de 2016 y el 13 de junio de 2017, se realizaron 67 depósitos que sumaron un total de 11 millones 362 mil pesos a una cuenta de cheques. Desde esta cuenta, el hermano de “Alito” procedió a distribuir los recursos a diversas empresas bajo su control. Este patrón de movimiento de fondos ha sido clasificado por los investigadores como una operativa de lavado de dinero potencial.
La revelación ha causado un considerable revuelo en la esfera política y social, dado que “Alito” Moreno no solo es el dirigente del PRI, sino también exgobernador del estado de Campeche. Esta situación plantea serias preguntas sobre la integridad y transparencia de su liderazgo tanto en su partido como en su administración previa como gobernador.
Elementos de la policía ministerial han realizado inspecciones en la residencia del exgobernador, buscando evidencias adicionales que puedan fortalecer el caso. Estas acciones son un reflejo del interés de las autoridades por desentrañar completamente la red de operaciones ilícitas y establecer responsabilidades claras.
La investigación ha resonado no solo por sus implicaciones legales sino también por su potencial impacto en la política nacional. Con elecciones importantes en el horizonte, este caso podría afectar significativamente la percepción pública del PRI y de su liderazgo. Además, la situación plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia y control de las actividades financieras de los políticos en activo.
A medida que la investigación avanza, el escenario para “Alito” Moreno y su hermano Emigdio se complica. La acumulación de propiedades y la creación de emporios mientras “Alito” ascendía en su carrera política sugiere una posible correlación entre su influencia política y las operaciones financieras bajo investigación.
Esta situación no solo es un desafío para los hermanos Moreno sino también para el sistema político mexicano, que una vez más se ve sacudido por alegaciones de corrupción en sus más altos niveles. La comunidad en México como en la diáspora, espera respuestas claras y acciones concretas que puedan restaurar la confianza en sus representantes y en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la transparencia.
