Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organizaciones del Poder Judicial han decidido recurrir a organismos internacionales en un intento por frenar los cambios que consideran amenazan la independencia del sistema judicial en el país. La magistrada Julia María del Carmen García González confirmó que representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) acudirán el próximo 12 de noviembre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., para presentar una denuncia formal en contra de la reforma.
La magistrada García González explicó que el proceso en la CIDH implica exponer ante esta institución las violaciones a los derechos humanos, que argumentan se están cometiendo con la reforma. “En este caso estaríamos responsabilizando al Estado mexicano de todas estas violaciones. El objetivo es demostrar que los cambios afectan la independencia de los jueces y, por ende, la justicia en el país,” afirmó.
Para que el caso avance, el organismo debe evaluar la evidencia, testimonios y pruebas aportadas. De considerarlo necesario, la CIDH elevaría el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que podría ordenar medidas de protección para los jueces y magistrados afectados o incluso solicitar una revisión de la reforma.
Contramañanera y movilización del Poder Judicial
En la llamada “contramañanera” –una conferencia organizada por jueces y magistrados en respuesta a la comunicación gubernamental sobre la reforma–, García González expuso las preocupaciones de la comunidad judicial en México.
“El próximo 12 de noviembre, en Washington, la CIDH ha fijado una audiencia para escuchar a diversas organizaciones mexicanas, incluyendo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la Asociación Mexicana de Juzgadoras y el Colegio de Secretarios y Actuarios del PJF,” detalló la magistrada. La audiencia será una oportunidad para que estas organizaciones hagan llegar sus inquietudes a un foro internacional y se abra la posibilidad de elevar el caso a la Corte IDH.
Una de las críticas más recurrentes a la reforma judicial es el alto costo que implicaría su implementación. Según la magistrada García González, la elección de jueces, magistrados y ministros contemplada en la reforma representa un gasto de más de 13 mil millones de pesos. “Estamos ante la crónica de un desastre anunciado, en donde ni siquiera el 10% de la población con derecho a votar en estos comicios probablemente participe. ¿Qué sentido tiene una votación tan costosa y poco representativa?”, comentó la magistrada.
El argumento se centra no solo en el costo económico, sino también en el riesgo de politización del sistema judicial. La idea de elegir a los funcionarios judiciales mediante un proceso de votación masiva ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia, quienes sostienen que esto podría vulnerar la imparcialidad de las decisiones judiciales.
La magistrada García González no fue la única en expresar preocupación sobre la reforma. Durante la conferencia, el magistrado Juan José Olvera López comentó que este tipo de reuniones –ahora programadas para los lunes y viernes– buscan hacer frente a la narrativa oficial y exponer la perspectiva de quienes están en el día a día de la administración de justicia en México.
Desde la perspectiva de los jueces y magistrados, la reforma representa una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial. “Las personas juzgadoras en el país no deberían estar expuestas a cambios que comprometan su imparcialidad, mucho menos cuando estos cambios no han sido debatidos de manera amplia y transparente,” señaló Olvera López.
La audiencia del 12 de noviembre será solo el primer paso en el proceso de evaluación de la CIDH, y aunque el organismo no tiene una capacidad vinculante inmediata, sus recomendaciones y observaciones pueden tener un impacto significativo. “Si el caso llega a la Corte IDH, México podría enfrentar una serie de medidas que afecten la credibilidad y el posicionamiento del país en temas de derechos humanos y justicia,” advirtió García González.
Movimiento de resistencia que se expande
El recurso ante la CIDH forma parte de un movimiento más amplio en defensa de la independencia judicial en México. Diversas organizaciones y colectivos han unido fuerzas para visibilizar lo que consideran una amenaza a los derechos y libertades democráticas en el país. En la conferencia, se destacó que además de los recursos presentados en instancias locales, este caso se ha convertido en un referente internacional en la defensa de la independencia judicial.
Desde la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, hasta colectivos de abogados y académicos, el movimiento ha sumado diversas voces en contra de la reforma. Uno de los puntos en común es la preocupación por la repercusión que este cambio podría tener en las garantías judiciales de los ciudadanos.
Escenario nacional e internacional
A nivel nacional, las organizaciones del Poder Judicial continuarán con los juicios de amparo y otras acciones legales para frenar la implementación de la reforma judicial. En paralelo, los abogados y representantes del PJF seguirán participando en foros y audiencias internacionales en defensa de la independencia judicial, que consideran una garantía fundamental para la democracia.
El resultado de la audiencia en la CIDH será fundamental para conocer el rumbo que podría tomar esta disputa. Por el momento, el Poder Judicial en México sigue bajo una fuerte presión, mientras que los magistrados y jueces involucrados en la denuncia esperan que la intervención internacional pueda abrir un espacio de diálogo en el país.
