El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta el mayor recorte presupuestal en su historia reciente, generando tensiones entre las diversas representaciones políticas y los órganos internos. La aprobación de un presupuesto de 19,645 millones de pesos para 2025 refleja un ajuste drástico, con una reducción de 13,000 millones de pesos que pone en jaque la organización de las próximas elecciones judiciales.
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, explicó durante la sesión del Consejo General que la institución se vio obligada a redefinir estrategias para garantizar elecciones confiables bajo estas nuevas condiciones. Con solo 6,219 millones de pesos destinados a la organización de los comicios, el ajuste significa una reducción del 52.9% respecto al presupuesto original.
“No era posible desarrollar el modelo de elecciones habitual con el ajuste presupuestal, sin embargo, hemos redefinido rutas de trabajo para mantener la confianza ciudadana y la impecabilidad jurídica del proceso”, señaló Taddei.
El presupuesto restante se distribuyó en 12,308 millones de pesos para gastos ordinarios y 1,120 millones de pesos para proyectos institucionales, lo que representa apenas el 5.7% del total.
Voces de los partidos políticos
Los representantes de los partidos políticos reaccionaron al recorte, evidenciando posturas encontradas y preocupaciones sobre su impacto. Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, calificó como preocupante que se redujeran 54.7 millones de pesos destinados a las actividades administrativas de las oficinas de los partidos y representantes legislativos.
“Esto limita nuestra operación y nos coloca en desventaja dentro de la democracia que representamos. Pedimos reconsiderar esta decisión para garantizar la igualdad de circunstancias”, afirmó Sondón.
Por su parte, Esteban Martínez, de Morena, sugirió que el recorte a las oficinas de los partidos era un mensaje político más que una medida de austeridad. Martínez destacó que las áreas menos afectadas fueron precisamente las consejerías electorales y la presidencia del INE.
Impacto en las elecciones judiciales
La elección judicial de junio de 2025 se perfila como un desafío logístico y financiero. Entre los ajustes aprobados por el Consejo General del INE se incluyen:
- Reducción de materiales didácticos para la capacitación electoral.
- Uso de herramientas digitales para observadores electorales y capacitación ciudadana.
- Ajustes en la difusión de la importancia de la participación ciudadana.
“Cada paso en este ajuste ha sido doloroso, pero necesario. Solicitaremos una ampliación presupuestal en enero para mejorar la calidad del proceso electoral”, añadió Taddei.
Mientras los partidos de oposición expresaron preocupación por la reducción presupuestal, algunos sectores vieron esta medida como una oportunidad para optimizar recursos. Juan Miguel Castro, representante de Movimiento Ciudadano, criticó la falta de comunicación previa sobre los ajustes.
“No se nos dio la oportunidad de proponer alternativas. Esto afecta directamente nuestra capacidad de operar con normalidad en un proceso clave para el país”, puntualizó Castro.
En contraste, Fernando Garibay, del Partido Verde, advirtió sobre el impacto en los derechos laborales de los colaboradores de los partidos y solicitó reconsiderar los recortes.
El recorte al INE abre un debate crucial sobre la sostenibilidad de los procesos democráticos en México bajo restricciones financieras. Aunque el instituto ha demostrado resiliencia, el panorama plantea preguntas fundamentales: ¿Se puede garantizar la integridad de las elecciones con menos recursos? ¿Qué otras áreas serán afectadas?
Con la solicitud de ampliación presupuestal en el horizonte, el INE deberá justificar cada peso destinado a fortalecer la democracia en un contexto de austeridad. Mientras tanto, las tensiones entre partidos políticos y autoridades electorales seguirán marcando el rumbo hacia junio de 2025.
