La organización de la primera elección judicial en México para jueces, magistrados y ministros en 2025 ha generado una polémica en torno al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Con un requerimiento de 13,205 millones de pesos, el INE enfrenta un escenario de ajuste tras el anuncio de que estos recursos serán recortados significativamente por los legisladores.
Presupuesto bajo revisión
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, adelantó que el monto solicitado será reducido. “Es una cantidad muy alta, trabajaremos con responsabilidad para ajustarla sin afectar la realización de la elección”, comentó Monreal tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores de Morena, Partido Verde y PT.
Aunque no precisó el porcentaje del recorte, Monreal aseguró que las reducciones no comprometerán el proceso electoral. “La austeridad será la base de esta decisión, sin excesos ni riesgos para la elección”, señaló.
Postura del INE: Defensa del presupuesto
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, respondió que el presupuesto solicitado es indispensable para garantizar un proceso adecuado. “Acudiré al Congreso para explicar por qué se requieren estos recursos. Es un tema técnico y jurídico que debe ser comprendido”, declaró Taddei.
Sin embargo, la consejera mostró disposición para trabajar con los ajustes que definan los legisladores. “El INE será sensible a las propuestas, pero pedimos lo mismo de ellos. Necesitamos mantener la tranquilidad jurídica para todos los involucrados en la organización de esta elección”, subrayó.
El INE tiene hasta el 20 de noviembre para reiniciar formalmente la organización del proceso judicial. Antes de esa fecha, se instalará una comisión temporal que supervisará el desarrollo de la elección.
Legisladores: Optimizar sin comprometer
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que el ajuste presupuestal no pondrá en peligro la elección. “Si se hace con responsabilidad y análisis, no habrá riesgos. Es posible organizar el proceso optimizando recursos y trazando una ruta clara”, comentó.
Gutiérrez Luna propuso tomar como referencia el costo de la elección presidencial de 2024 para definir un presupuesto razonable. “Es una oportunidad para demostrar que la eficiencia no está peleada con la austeridad”, concluyó.
Sheinbaum: Gasto “injustificable”
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el tema, calificando de innecesario el presupuesto solicitado por el INE. “Es más alto que el de 2024, cuando tuvimos una elección de gran magnitud. Este proceso no incluye financiamiento para partidos ni campañas políticas tradicionales”, argumentó.
Sheinbaum añadió que las campañas de los candidatos judiciales serán mínimas, utilizando herramientas como redes sociales y volantes. “El mensaje es claro: no es justificable este presupuesto. Debemos actuar con responsabilidad”, declaró durante su conferencia matutina.
Aspectos técnicos y legales en juego
El proceso electoral judicial también enfrenta desafíos legales. El INE presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver amparos y suspensiones que podrían afectar la organización de la elección.
“Estamos trabajando en garantizar la seguridad jurídica para nuestro personal y para la ciudadanía. Queremos que este proceso se desarrolle bajo un marco de certeza”, explicó Taddei.
Impacto del recorte presupuestal
Aunque aún no se define la cantidad exacta del recorte, se estima que el presupuesto podría reducirse a entre 7,000 y 9,000 millones de pesos. Este ajuste plantea dudas sobre cómo se garantizarán aspectos logísticos esenciales, como la instalación de casillas y la capacitación de funcionarios.
Organizaciones civiles han señalado que un recorte excesivo podría afectar la calidad del proceso electoral, mientras que expertos en finanzas públicas subrayan la importancia de optimizar los recursos sin comprometer la funcionalidad del INE.
El Paquete Económico 2025, que incluye el presupuesto para la elección judicial, deberá ser aprobado antes del 13 de diciembre. Este plazo será clave para definir los términos del ajuste y garantizar que todos los actores involucrados, desde el INE hasta los legisladores, lleguen a un acuerdo que balancee las necesidades del proceso con las exigencias de austeridad.
