La polémica sobre la reforma judicial ha escalado a un nuevo nivel con el enfrentamiento público entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jueza Nancy Juárez. Este conflicto se originó tras la orden de la jueza Juárez de eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación del decreto de la reforma judicial, lo que ha generado una serie de reacciones tanto del gobierno federal como de los integrantes del Poder Judicial.
Origen de la controversia
El pasado 18 de octubre de 2024, durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum cuestionó abiertamente la facultad de la jueza para emitir una orden que implica la eliminación del decreto de reforma del DOF. En su intervención, Sheinbaum aseguró que la jueza “no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación, porque no tiene atribución, porque una jueza no está por encima del pueblo de México.”
Este comentario generó una respuesta inmediata por parte de la jueza Nancy Juárez, quien durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, señaló que lo dicho por la presidenta era incorrecto. “Es falso que no tenga atribución”, afirmó la jueza Juárez, explicando que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de defender al pueblo de los actos arbitrarios cometidos por otras autoridades.
Defensa de la jueza Nancy Juárez
Juárez argumentó que, como representante del Poder Judicial, su función es salvaguardar los derechos y el equilibrio de los poderes, algo que considera esencial para mantener el Estado de Derecho en México. La jueza añadió que el gobierno no interpuso ningún recurso legal para impugnar su resolución, lo que deja en firme su decisión. “Las autoridades responsables no interpusieron ningún recurso legal, las resoluciones están firmes”, subrayó Juárez, haciendo hincapié en que si el gobierno tenía inconformidad, debería haber seguido los procedimientos judiciales correspondientes.
Además, advirtió que no cumplir con su disposición implicaría la ruptura del Estado de Derecho. “Si no se respetan las leyes, entramos en una anarquía en la que cada quien hace lo que quiere”, puntualizó.
Postura del gobierno: “No estamos en desacato”
A pesar de la firmeza de la jueza, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que no se trata de un desacato. Durante la misma conferencia, aseguró que la orden de la jueza es “improcedente” y que va en contra de la Constitución. Argumentó que la reforma judicial, la cual ya fue aprobada por el Congreso y cumple con todos los requisitos, está respaldada por la voluntad del pueblo mexicano, quien votó por una mayoría calificada para modificar el Poder Judicial.
“Nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho son ellos, ellas”, sentenció Sheinbaum. También anunció que, una vez notificada formalmente de la suspensión, la Consejería Jurídica del Ejecutivo enviará una consulta al Congreso de la Unión para aclarar si una jueza tiene el poder de ordenar la eliminación de la publicación de una reforma en el DOF. “Vamos a preguntar a quien nos ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación”, afirmó Sheinbaum.
Papel de los jueces en la reforma
Una de las críticas más fuertes de la presidenta ha sido dirigida a los jueces y magistrados, a quienes acusó de defender sus propios privilegios. “Son los propios jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras los que están defendiendo sus privilegios”, dijo Sheinbaum, en referencia a la resistencia que ha encontrado la reforma judicial entre los miembros del Poder Judicial.
Según la presidenta, la reforma judicial es parte de un esfuerzo por democratizar el Poder Judicial y poner fin a los privilegios de algunos de sus integrantes, sin embargo, los juzgadores han argumentado que la reforma pone en peligro la independencia judicial, un elemento crucial para el funcionamiento democrático del país.
Reacciones en el ámbito judicial
La respuesta de la jueza Juárez no fue aislada. Dentro del Poder Judicial, muchos jueces y magistrados han expresado su preocupación por lo que consideran una intromisión del Ejecutivo en la independencia de su poder. Algunos de ellos han defendido la postura de la jueza Juárez, señalando que el sistema de amparos en México está diseñado precisamente para evitar que decisiones arbitrarias o contrarias a la Constitución se ejecuten sin supervisión.
Los trabajadores del Poder Judicial también han alzado la voz. Durante las últimas semanas, han salido a las calles para protestar contra la reforma y defender la autonomía del Poder Judicial. Un grupo de trabajadores emitió un comunicado en el que señalaron que “si la presidenta no acata las resoluciones judiciales, se pierde el equilibrio de poderes en México”.
¿Qué sigue para la reforma judicial?
El choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial ha generado un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de la reforma judicial. Aunque la jueza Juárez ha ordenado eliminar la publicación del decreto en el DOF, la presidenta Sheinbaum ha dejado claro que no tiene intención de acatar la orden hasta que se resuelva la consulta al Congreso. Esto abre la puerta a una posible confrontación entre los poderes de la Unión, lo que podría tener consecuencias importantes para el sistema de justicia en México.
La próxima decisión recaerá en la Consejería Jurídica, que deberá definir los pasos a seguir y las posibles sanciones contra la jueza Juárez. Por su parte, la jueza ha reiterado que actuó dentro de sus facultades y que su decisión es legalmente vinculante.
