El pasado 1 de septiembre de 2024, la Ciudad de México presenció un evento de gran relevancia jurídica con la publicación en la Gaceta Oficial de la reforma a la Constitución local en materia de propiedad privada, pública y social. Este cambio, impulsado por el Jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama, busca alinear el marco normativo de la capital con los principios establecidos en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la propiedad originaria de la Nación sobre tierras y aguas y su función social.
Durante la ceremonia de presentación de la reforma, Martí Batres destacó la importancia de corregir lo que consideró un error fundamental en la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en 2017. Según Batres, el texto original otorgaba un peso excesivo a la propiedad privada como principio rector, ignorando la supremacía de la propiedad pública y social, un elemento esencial en la historia constitucional mexicana desde la Revolución de 1910.
Batres explicó que esta reforma no solo corrige un desajuste jurídico, sino que también refuerza el compromiso de la Ciudad de México con los principios de la Cuarta Transformación, que buscan poner el interés público y la función social del Estado por encima de cualquier interés particular. “Es la Nación la que tiene la propiedad originaria, ese es el principio rector en el modelo constitucional mexicano”, afirmó Batres, citando directamente el Artículo 27 de la Constitución federal.
El cambio más significativo que introduce esta reforma es la modificación del inciso A, numeral 2, del Artículo Tercero de la Constitución local, que ahora establece: “La Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Con este ajuste, se reconoce explícitamente que la propiedad privada no es un derecho originario, sino derivado de la propiedad nacional, lo que permite al Estado imponer modalidades que dicte el interés público.
Esta modificación fue aprobada de manera unánime por el Congreso de la Ciudad de México, lo que refleja un amplio consenso entre las fuerzas políticas capitalinas sobre la necesidad de reorientar el marco jurídico hacia una mayor equidad y justicia social.
En el evento, Pablo Gómez Álvarez, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, elogió la reforma como una actualización necesaria del legado histórico del constitucionalismo social mexicano. Gómez subrayó que la propiedad originaria de la nación es más que una declaración democrática; es un instrumento para la reforma social. “Hoy, en el marco de una transformación largamente esperada, adquiere nueva fuerza esos referentes de cambio social que vienen de la historia contemporánea de nuestro país”, dijo.
Por su parte, Martha Ávila Ventura, presidenta del Congreso de la Ciudad de México, destacó la armonización de la Constitución local con los preceptos de la Carta Magna federal como una medida que brinda certeza jurídica a la ciudadanía y fortalece el marco normativo de la propiedad pública y social en beneficio de todos los capitalinos. “La propiedad privada se mantiene debidamente protegida, pero ahora también se robustecen las modalidades de la propiedad pública y social”, afirmó Ávila.
La reforma no solo tiene un impacto simbólico, sino que también establece bases legales sólidas para el desarrollo urbano y la gestión territorial en la Ciudad de México. Según Batres, esta modificación permitirá un desarrollo más justo y armónico, con un enfoque en la función social de la propiedad y el interés público. “Quedan establecidas y liberadas las bases para un desarrollo justo, armónico, con acento social, que reconozca la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular”, declaró.
Esta reforma también puede convertirse en una piedra angular para la construcción del Programa General de Ordenamiento Territorial, que guiará el desarrollo de la ciudad en los próximos años. La referencia expresa al Artículo 27 de la Constitución federal refuerza la legalidad y la legitimidad de las acciones que el gobierno capitalino emprenderá en materia de desarrollo urbano y uso del suelo.
La publicación de esta reforma representa un paso significativo en la dirección de un gobierno más alineado con los principios sociales y democráticos que han caracterizado a la Cuarta Transformación. La Ciudad de México, con esta nueva disposición, reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo que prioriza el bien común y la justicia social, protegiendo tanto la propiedad privada como los intereses colectivos.
Con este cambio, la capital del país se posiciona como un ejemplo de cómo las ciudades pueden adaptar sus marcos normativos para enfrentar los desafíos del siglo XXI, respetando al mismo tiempo los principios fundamentales de su Constitución federal. En un contexto de crecientes tensiones entre lo privado y lo público, esta reforma establece un precedente claro de la importancia de mantener el interés colectivo en el centro de las políticas públicas.
