12 enero, 2025
Prohíbe INE a candidatos al Poder Judicial contratar encuestas y sondeos

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció una medida que busca garantizar la equidad y transparencia en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF). Durante la sexta sesión ordinaria de la Comisión para el Proceso Electoral del Poder Judicial,  se aprobó la prohibición de que los candidatos, directa o indirectamente, contraten empresas o personas para realizar y difundir encuestas o sondeos de opinión.

 

El presidente de la comisión, Jorge Montaño Ventura, explicó que esta decisión forma parte de un conjunto de lineamientos destinados a evitar actos de promoción personalizada y garantizar que las preferencias electorales se reflejen de manera precisa y sin distorsiones. “La transparencia es esencial para fortalecer la confianza de los ciudadanos en este proceso histórico”, subrayó Montaño Ventura.

 

La medida también incluye una estricta vigilancia sobre los gastos de campaña de los candidatos, quienes, según la reforma judicial, no podrán acceder a financiamiento público ni privado, limitándose al uso de recursos personales.

 

Vigilancia en redes y sanciones

La Coordinación Nacional de Comunicación del INE será la encargada de monitorear las redes sociales y plataformas digitales para identificar posibles violaciones a esta disposición. Cualquier hallazgo será reportado a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), que determinará si se trata de encuestas, sondeos de opinión o propaganda no permitida.

 

En caso de infracciones, la Unidad Técnica de Fiscalización evaluará los recursos involucrados y aplicará las sanciones correspondientes. “Es fundamental que las reglas sean claras y que existan consecuencias jurídicas para quienes las incumplan,” indicó Norma de la Cruz, consejera del INE.

En la sesión, Montaño Ventura destacó que este proceso electoral extraordinario presenta retos únicos debido a la naturaleza de la reforma judicial y al marco normativo existente, que consideró insuficiente para atender todas las posibles contingencias. “Estamos trabajando con los recursos y normas disponibles, pero es evidente que debemos fortalecer el marco regulatorio para futuras contiendas,” agregó.

 

Por su parte, los integrantes de la comisión coincidieron en que la medida contribuirá a reducir la posibilidad de influencias externas en el proceso electoral. Eva Verónica de Gyvés, consejera del Poder Judicial, afirmó que “esta decisión protege la imparcialidad y garantiza que las preferencias ciudadanas no sean manipuladas.”

 

Detalle de lineamientos aprobados

Los lineamientos establecen que las encuestas y sondeos que se realicen para este proceso deberán cumplir con criterios científicos aprobados por el Consejo General del INE. Esto incluye la obligación de hacer pública la metodología utilizada en su elaboración.

 

Además, las casas encuestadoras y los medios de comunicación que difundan estos materiales deberán informar sobre el origen de los recursos utilizados para financiarlos. Esto busca evitar irregularidades en el financiamiento y garantizar que los gastos sean contabilizados correctamente.

 

El proceso electoral extraordinario del PJF culminará el 1° de junio de 2025, cuando se elegirán a los titulares de juzgados, tribunales y otros cargos del sistema judicial. Este es un evento histórico en el que se espera la participación activa de miles de ciudadanos y candidatos.

 

 

El INE ratificó que los únicos resultados oficiales serán los que emita la institución o los organismos públicos locales, según corresponda. Con esta medida, se busca prevenir la difusión de información errónea que pueda afectar la equidad del proceso.

 

Un llamado a la confianza ciudadana

“Estos lineamientos reflejan el compromiso del INE con la transparencia y la equidad,” concluyó Montaño Ventura. La comisión espera que estas medidas refuercen la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales y en el proceso judicial en general.

 

Con la jornada electoral a pocos meses, todas las partes involucradas enfrentarán el desafío de cumplir con las normas establecidas y asegurar que el proceso sea un ejemplo de transparencia y legalidad.