Las reformas al Poder Judicial en México han desencadenado una ola de críticas y preocupaciones no solo dentro del país, sino también entre sus socios comerciales, destacando recientemente las declaraciones de los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Estas manifestaciones ponen de relieve la inquietud internacional sobre cómo las modificaciones podrían afectar la estabilidad y la confianza inversora en la nación.
El embajador de Canadá, Graeme Clark, ha expresado su preocupación, eco de las advertencias previas del embajador estadounidense Ken Salazar, sobre los posibles impactos de la reforma judicial en la relación comercial entre México y sus socios del T-MEC. “Como embajador, recojo las inquietudes de los inversionistas que buscan estabilidad y claridad en las reglas del juego”, señaló Clark durante el “Cancham Day 2024“, un importante foro comercial entre México y Canadá.
Estas preocupaciones se centran en la propuesta de elección directa de jueces mediante voto popular, una iniciativa que, según críticos, podría comprometer la independencia judicial y afectar negativamente el clima de inversión en el país. “Los inversionistas necesitan seguridad jurídica, y cualquier percepción de debilitamiento en la independencia judicial es motivo de alarma”, agregó Clark.
La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no se hizo esperar. Tras las declaraciones de Salazar, calificó los comentarios como “imprudentes y desafortunados”, subrayando que tales afirmaciones representan una interferencia en los asuntos internos de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una nota de extrañamiento a la embajada estadounidense, reafirmando el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
“Es esencial que nuestros socios internacionales comprendan que las reformas judiciales buscan fortalecer nuestro sistema legal y hacerlo más cercano al pueblo mexicano”, declaró López Obrador en su conferencia matutina.
La Cámara de Comercio de Canadá en México ha reportado que el comercio bilateral supera los 40 mil millones de dólares canadienses anualmente, lo que subraya la importancia de mantener un ambiente estable y predecible para la inversión. Empresas canadienses en sectores clave como la minería y la energía han expresado su inquietud ante las reformas, temiendo que los cambios puedan traducirse en un aumento de la incertidumbre jurídica.
“La reforma judicial no solo es un tema de gobernanza interna, sino que tiene implicaciones directas en nuestra capacidad para atraer y retener inversión extranjera”, comentó un alto ejecutivo de una empresa minera canadiense operando en México.
El debate sobre la reforma judicial promete intensificarse a medida que se acerquen las sesiones del Congreso en septiembre, donde se discutirán estos cambios. La posición de México en el ámbito internacional podría verse influenciada por cómo maneje esta situación, especialmente en términos de respeto a la soberanía y la capacidad para garantizar un ambiente de negocios estable.
Mientras tanto, inversores como diplomáticos estarán observando de cerca, esperando señales claras de que México sigue siendo un lugar seguro y confiable para hacer negocios, a pesar de las transformaciones en su marco jurídico y político. La gestión de estas preocupaciones será crucial para mantener la confianza y la cooperación entre México y sus socios comerciales más importantes.
