En una decisión que ha generado debate en el ámbito político y social, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó excluir a las personas privadas de su libertad sin sentencia del proceso electoral extraordinario para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal. La medida se tomó debido a la falta de recursos y tiempo para garantizar su participación en los comicios, programados para el próximo 1° de junio de 2025.
En junio pasado, México vivió un momento histórico al permitir por primera vez que personas en prisión preventiva participaran en elecciones, pero en esta ocasión, los desafíos logísticos y presupuestales llevaron al INE a dejar fuera a este grupo, lo que implica un retroceso para quienes veían en esta acción un avance en la garantía de derechos ciudadanos.
La consejera Carla Humphrey expresó su preocupación por la exclusión: “No hay nadie con más deseos de participar en un proceso electoral del Poder Judicial que una persona que está justamente privada de su libertad y que todavía no tiene ni siquiera una sentencia. Lamento profundamente que les quitemos ese derecho.”
Impacto en los derechos ciudadanos
La decisión ha generado críticas por parte de miembros del Consejo General del INE, quienes ven en esta exclusión una paradoja. La consejera Claudia Zavala señaló: “Es muy lamentable que razones presupuestales y de tiempo nos lleven a excluir a personas que tienen un interés directo en este proceso. Serán juzgadas por quienes resulten electos, y aun así, no pueden participar.”
Zavala destacó que este tipo de exclusiones van en contra de los principios de igualdad y acceso a la justicia: “Entiendo las razones operativas, pero creo que el Instituto debería hacer un esfuerzo adicional para garantizar los derechos de este grupo vulnerable.”
Decisiones del Consejo General
Además de excluir a las personas en prisión preventiva, el INE aprobó otros acuerdos relacionados con el proceso electoral extraordinario, entre ellos:
- Implementación del voto anticipado: Este método estará disponible únicamente para personas con discapacidad, cuidadoras primarias y quienes elijan ministras, ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- Fechas clave: Se definieron plazos para garantizar la viabilidad operativa y material de las elecciones, que incluirán poderes judiciales locales y el Poder Judicial Federal.
Recursos limitados y elecciones complejas
La presidenta Guadalupe Taddei Zavala explicó que la falta de presupuesto fue un factor determinante para tomar esta decisión: “Nos enfrentamos a un proceso electoral extraordinario con múltiples retos logísticos. Hicimos lo posible para incluir la mayor cantidad de votantes, pero las limitaciones actuales nos obligan a priorizar.”
Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para sectores que critican la exclusión de un grupo cuya participación es relevante, considerando que los cargos en juego impactarán directamente en sus procesos judiciales.
Derechos humanos y justicia
Organizaciones de derechos humanos han señalado que la exclusión de personas en prisión preventiva podría ser una violación a principios internacionales de derechos humanos. Alejandra Martínez, directora de una ONG de apoyo a personas privadas de la libertad, comentó: “Este grupo ya enfrenta una situación de vulnerabilidad. Negarles el derecho al voto refuerza la exclusión y los deja fuera de decisiones que afectan directamente su vida.”
Por otro lado, algunos expertos señalan que la decisión era inevitable dada la complejidad del proceso electoral y la necesidad de priorizar recursos. Juan Carlos Hernández, analista político, indicó:
“Si bien es una medida desafortunada, es comprensible desde un punto de vista operativo. El reto será garantizar que en futuras elecciones no se repita esta exclusión.”
Llamado a reflexionar
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México para garantizar la participación ciudadana en procesos electorales, especialmente en grupos históricamente marginados. Mientras algunos defienden la necesidad de ajustes operativos, otros llaman a buscar soluciones más inclusivas en el futuro.
La consejera Dania Ravel concluyó con un llamado a la reflexión: “Laconstrucción de una democracia incluyente requiere esfuerzos extraordinarios. No debemos olvidar que cada ciudadano, sin importar su situación, merece ser escuchado.”
A medida que el INE avanza en la organización de las elecciones extraordinarias de 2025, el debate sobre los derechos de voto para personas privadas de la libertad continúa. Las críticas hacia la exclusión reflejan la importancia de garantizar que ninguna voz quede fuera en la toma de decisiones que afectan directamente a toda la sociedad.
El próximo paso será evaluar cómo garantizar la participación plena en futuros procesos, incluso para los grupos más vulnerables. Por ahora, la exclusión de presos sin sentencia marca un retroceso en la lucha por una democracia verdaderamente incluyente.
