En un nuevo capítulo de la reciente reforma judicial, el Senado de la República, liderado por el grupo parlamentario de Morena, presentó una propuesta para corregir uno de los errores en la reforma al Poder Judicial que fue aprobada en septiembre de 2024. Este ajuste se centra en aclarar el periodo de gestión de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un tema que ha generado confusión e inconsistencias en la redacción de la reforma constitucional.
La senadora de Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, fue la encargada de presentar esta nueva modificación, con el objetivo de armonizar los artículos 94 y 97 de la Constitución, los cuales presentan una antinomia –es decir, una contradicción normativa– sobre el periodo de renovación de la presidencia del máximo tribunal del país.
Corrección: Presidencia de la SCJN cada dos años
La reforma original establece en el artículo 97 que la presidencia de la SCJN debe renovarse cada cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata. Sin embargo, el artículo 94, modificado como parte de la reforma judicial, señala que la presidencia debe renovarse cada dos años de manera rotatoria, en función de los votos obtenidos por cada candidatura en la elección interna del pleno de la Corte.
Este desajuste entre los dos artículos ha generado incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la elección de la presidencia de la Corte, un aspecto clave para la estabilidad y el funcionamiento del Poder Judicial. La nueva propuesta de Sosa Ruiz busca corregir esta discrepancia al establecer claramente que el periodo de la presidencia de la SCJN será de dos años, y que la elección será rotatoria, tal como lo establece el artículo 94.
“El precepto constitucional que planteamos ajustar busca superar esta antinomia que impide la aplicación simultánea de dos normas que, aunque pertenecen al mismo sistema jurídico, generan consecuencias jurídicas incompatibles”, explicó la senadora Sosa Ruiz durante la presentación de la reforma. Agregó que la uniformidad en la legislación es esencial para asegurar la correcta aplicación de la ley y evitar confusiones en el sistema judicial.
Reforma apresurada con ajustes en el camino
La reforma judicial, que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, fue aprobada rápidamente por el ongreso de la Unión y ratificada por la mayoría de los congresos estatales; sin embargo, las prisas por aprobar el paquete de cambios dejaron errores en su redacción, lo que ha llevado a la necesidad de realizar ajustes pocos meses después de su promulgación.
Entre estos errores, el más significativo ha sido la incongruencia entre los artículos 94 y 97, un detalle que no pasó desapercibido para los legisladores de oposición, quienes han criticado la celeridad con la que se procesó la reforma. Para muchos opositores, esta falta de precisión en temas clave refleja una falta de planificación adecuada en una reforma de gran envergadura.
A pesar de las críticas, la bancada de Morena ha defendido la reforma, asegurando que los cambios eran necesarios para modernizar y fortalecer el Poder Judicial. “Este tipo de ajustes son naturales en un proceso tan complejo como la reforma judicial”, aseguró Sosa Ruiz, destacando que las correcciones propuestas garantizarán que la reforma funcione de manera coherente y efectiva.
Diez adecuaciones legales más en camino
Además de la corrección sobre la presidencia de la SCJN, se avecinan más cambios en el marco legal que regula el funcionamiento del Poder Judicial. Ricardo Monreal, líder de los morenistas en el Senado, adelantó que se están preparando dos leyes reglamentarias clave que complementarán la reforma judicial: la Ley Orgánica de la Justicia Administrativa y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Ley Orgánica de la Justicia Administrativa es fundamental para la implementación del Tribunal de Disciplina Judicial, una nueva institución creada como parte del andamiaje jurídico de la reforma. Este tribunal será responsable de supervisar y sancionar a los funcionarios judiciales que incurran en faltas o irregularidades, un paso importante hacia la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
Por otro lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial regulará el funcionamiento y las competencias del sistema judicial federal en su conjunto, asegurando que todos los aspectos de la reforma constitucional se integren de manera adecuada en el marco legal vigente.
Monreal también mencionó que, además de estas dos nuevas leyes, se modificarán al menos diez ordenamientos jurídicos, entre ellos la Ley de Amparo, la Ley de lo Contencioso Administrativo, el Código de Procedimientos Penales, la Ley Civil y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Estos cambios son necesarios para alinear el sistema legal con la nueva estructura del Poder Judicial, lo que permitirá que la reforma se implemente de manera integral y eficaz.
“Cuando menos son una decena de ordenamientos, dos nuevos y como siete u ocho que deben actualizarse respecto de la reforma constitucional recientemente aprobada”, declaró Monreal, subrayando la magnitud del trabajo legislativo que aún queda por delante para consolidar los cambios en el sistema judicial.
Críticas de la oposición: ¿Una reforma incompleta?
La rapidez con la que se aprobó la reforma judicial ha sido un punto de fricción entre Morena y la oposición. Legisladores de partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han criticado la falta de tiempo para analizar a fondo los cambios propuestos, lo que ha resultado en errores como la antinomia entre los artículos 94 y 97.
En este sentido, Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, expresó su preocupación de que la reforma judicial pueda comprometer la independencia del Poder Judicial. “Estos errores reflejan la falta de cuidado en un tema tan delicado como la justicia. La prisa nunca es buena consejera, y menos cuando estamos hablando de la máxima instancia judicial del país”, comentó.
A pesar de las críticas, Morena ha mantenido su postura de que la reforma es un paso crucial para modernizar el sistema judicial y asegurar que se adapte a las necesidades de la sociedad contemporánea. “Es normal que haya ajustes y correcciones en un proceso de esta magnitud, pero eso no invalida el gran avance que representa esta reforma”, concluyó Sosa Ruiz.
