El paro de actividades en el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha tenido consecuencias significativas en la administración de justicia en México. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entre los meses de agosto y septiembre de 2024 se cancelaron 12 mil 448 audiencias debido a la interrupción de labores por parte de trabajadores del Poder Judicial. Esta cifra fue dada a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, evidenciando el impacto de la protesta en el funcionamiento de la justicia federal.
Déficit judicial que afecta casos federales
La suspensión de audiencias se dio en el contexto del paro de trabajadores del Poder Judicial, quienes se han manifestado en contra de la reforma judicial que impulsa el gobierno. Esta reforma, entre otras cosas, propone la elección popular de jueces y magistrados, un tema que ha generado fuertes divisiones entre los poderes del Estado.
Rosa Icela Rodríguez señaló que la interrupción de actividades judiciales provocó no solo la cancelación de miles de audiencias, sino que también afectó otros procesos importantes, como la emisión de órdenes de aprehensión. Durante las seis semanas que abarca el informe, se celebraron solo 31 audiencias relacionadas con órdenes de aprehensión, pero en 16 de estos casos no se emitieron las órdenes correspondientes, lo que ha generado preocupación en torno a la efectividad del sistema judicial en este periodo.
Además, la funcionaria destacó que hay 665 apelaciones pendientes de resolución, de las cuales el 52% lleva entre cuatro y 23 meses sin que se haya emitido una sentencia. Este retraso en la resolución de apelaciones es otro indicio del impacto negativo que ha tenido el paro en la administración de justicia, lo que contribuye a la dilación de procesos y a una mayor percepción de ineficiencia.
Consecuencias salariales: trabajadores siguen cobrando
Uno de los aspectos más criticados durante la conferencia fue el hecho de que, a pesar del paro, los juzgadores y empleados del Poder Judicial han seguido recibiendo su salario de manera normal. Rodríguez Velázquez reprochó que, aunque las actividades judiciales se encuentran parcialmente detenidas, los trabajadores siguen percibiendo su sueldo, lo que agrava la situación de desconexión entre el Poder Judicial y las necesidades del país.
La funcionaria detalló los salarios de los diferentes niveles del Poder Judicial. Según los datos proporcionados, el salario mensual de un magistrado es de 374 mil 203 pesos, mientras que un juez de distrito percibe 337 mil 575 pesos mensuales. En el caso de los Consejeros de la Judicatura, el salario asciende a 460 mil 787 pesos al mes. Por otro lado, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes no están en paro, reciben un salario mensual de 792 mil 256 pesos, incluyendo prestaciones, seguros, compensaciones, viáticos y estímulos, además de apoyo para vehículos blindados.
Rodríguez Velázquez subrayó que, aunque el paro ha afectado significativamente el trabajo judicial, la situación salarial de los funcionarios sigue siendo un punto de conflicto, pues quienes lideran la protesta han seguido cobrando salarios elevados sin cumplir con sus responsabilidades laborales.
Impacto en los derechos ciudadanos
El paro de actividades en el Poder Judicial no solo ha afectado a los propios trabajadores y al gobierno, sino que también ha repercutido directamente en los derechos de los ciudadanos. La cancelación de audiencias y la falta de resolución de casos han dejado a miles de personas sin acceso a la justicia en un periodo crítico. Las personas que esperaban una audiencia o la resolución de una apelación se han visto en una situación de incertidumbre, lo que agrava la percepción de desconfianza en el sistema judicial.
En este sentido, Rosa Icela Rodríguez instó a que el Poder Judicial reanude sus labores y recupere el ritmo de trabajo lo antes posible, con el fin de garantizar que se atiendan los casos pendientes y que la administración de justicia no siga deteriorándose. También hizo un llamado a que las protestas se realicen sin afectar el acceso a la justicia, señalando que, si bien es legítimo manifestarse, no se debe comprometer el funcionamiento de una institución tan crucial para el país.
La reforma judicial impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido uno de los temas más polémicos en el último año. La propuesta de elección popular de jueces y magistrados ha sido vista por algunos como una medida necesaria para democratizar la justicia, mientras que otros la consideran un riesgo para la independencia judicial.
El paro de los trabajadores del Poder Judicial se ha centrado en la oposición a esta reforma, con la acusación de que vulnera la autonomía del poder y pone en riesgo la imparcialidad de los jueces; sin embargo, el gobierno ha defendido la medida como una forma de hacer más transparente el proceso de selección de los juzgadores y acercar el sistema judicial a los ciudadanos.
Durante la conferencia, Rodríguez Velázquez reiteró el compromiso del gobierno con la reforma, asegurando que se trata de un cambio necesario para transformar el país. En este contexto, lamentó que las diferencias políticas hayan derivado en una suspensión de actividades que afecta a miles de personas en su acceso a la justicia.
Necesidad de un acuerdo
El paro en el Poder Judicial ha dejado en claro que las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial no se resolverán fácilmente, no obstante, Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a retomar el diálogo y encontrar soluciones que permitan reanudar las actividades y resolver las diferencias sin que se afecte a la población.
A medida que el país sigue enfrentando desafíos en materia de justicia, la necesidad de llegar a un acuerdo entre las partes se vuelve cada vez más urgente. Mientras tanto, miles de casos judiciales siguen en el limbo, esperando ser atendidos en medio de una de las crisis más profundas del Poder Judicial en los últimos años.
