El Senado de la República emitió un ultimátum que marca una fecha crucial para los jueces, magistrados y ministros en funciones: el 30 de octubre de 2024. Esta fecha será el límite para que los juzgadores decidan si renuncian a sus candidaturas o si formalizan su intención de competir en las elecciones del proceso extraordinario de 2024-2025. Este plazo también incluye una fecha intermedia, el 26 de octubre, para aquellos que opten por postularse para un circuito judicial diverso. Con este ultimátum, se busca dar claridad y transparencia en el proceso, garantizando los principios de certeza y seguridad jurídica para todos los involucrados.
Procedimiento aprobado por el Senado
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, fue enfático al señalar que este procedimiento está diseñado para asegurar el respeto a los principios jurídicos fundamentales. Según el documento emitido por el Senado, aquellos ministros, magistrados electorales de Sala Superior y Salas Regionales, magistrados de circuito y jueces de distrito en funciones deberán presentar su declinación o su intención de participar en otro cargo judicial antes de las fechas límite.
Fechas claves del proceso:
- 26 de octubre: Fecha límite para que los juzgadores manifiesten su intención de postularse para un circuito judicial diferente.
- 30 de octubre: Fecha límite para que aquellos en funciones presenten su declinación de candidatura.
Ambas decisiones deberán ser entregadas en la Oficialía de Partes de la Mesa Directiva del Senado, en un horario establecido de 10:00 a 19:00 horas. El Senado ha dejado claro que será la Secretaría Técnica del órgano legislativo la encargada de recibir, integrar y conservar toda la documentación relevante.
Transparencia y publicación de resultados
Para garantizar los derechos político-electorales de los jueces y magistrados, la Mesa Directiva publicará el 31 de octubre en la página web del Senado un listado con los nombres de aquellos que hayan presentado su declinación o manifestación. Este listado busca ofrecer claridad a la ciudadanía y a los participantes sobre quiénes se mantendrán en la contienda electoral y quiénes optarán por continuar en la función judicial.
Además, si alguna persona decide retractarse de su decisión —tanto de declinar como de manifestar su candidatura—, podrá hacerlo notificando personalmente a la Mesa Directiva o mediante un escrito formal acompañado de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE). Este proceso permitirá a los candidatos reincorporarse a la lista de postulaciones directas, siempre y cuando se encuentren dentro del listado que será entregado por el Consejo de la Judicatura Federal.
La decisión de permitir que jueces y magistrados opten por una carrera política o continúen en su cargo judicial ha generado debate tanto dentro como fuera del ámbito judicial. Por un lado, algunos consideran que abrir la puerta a una carrera política para quienes ocupan estos cargos de poder es un riesgo para la independencia judicial, un principio fundamental en la democracia.
Por otro lado, quienes apoyan este procedimiento argumentan que se está garantizando el ejercicio de los derechos políticos de los jueces y magistrados, permitiéndoles tomar una decisión libre y sin presiones. En este sentido, el senador Gerardo Fernández Noroña subrayó que la decisión de postularse o declinar debe ser personal y debe realizarse en pleno respeto a la ley.
Reacciones en el ámbito judicial y político
La comunidad judicial ha reaccionado con cautela ante este ultimátum. Algunos jueces y magistrados ven la medida como una oportunidad para incursionar en la política, mientras que otros consideran que la posibilidad de ingresar a la arena electoral podría comprometer la integridad del Poder Judicial. Al respecto, el magistrado Juan Carlos Ramírez, en una entrevista reciente, señaló que “la función judicial es incompatible con los intereses políticos. Quienes aspiren a un cargo electivo deben tomar decisiones claras y transparentes, pero no podemos permitir que los jueces pierdan la imparcialidad que caracteriza a nuestro sistema judicial.”
En el ámbito político, los partidos han mostrado interés en atraer a personalidades del Poder Judicial a sus filas. Se ha especulado que algunos partidos buscarán a jueces y magistrados para reforzar sus candidaturas en el proceso electoral de 2024-2025. La diputada Margarita Zavala, por ejemplo, comentó que “la participación de juzgadores en política no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para enriquecer el debate democrático con voces expertas en la legalidad y los derechos humanos.”
Certeza jurídica y protección de derechos
Uno de los puntos clave del documento aprobado por el Senado es la protección de los derechos político-electorales de los juzgadores. Se ha establecido que, en caso de que alguna persona decline o manifieste su intención de participar, el Senado enviará la lista definitiva al INE a más tardar el 12 de febrero de 2025. De esta manera, se asegura que el proceso electoral de dicho año esté correctamente organizado y supervisado por las autoridades correspondientes.
Este proceso busca también dar certeza a la ciudadanía sobre quiénes participarán en el proceso electoral extraordinario, así como proteger la integridad del sistema judicial al evitar posibles conflictos de interés.
