21 noviembre, 2024

 

La Marcha por el Caso Ayotzinapa, realizada el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México, dejó pérdidas económicas significativas tras los destrozos ocasionados por el bloque negro. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de la ciudad capital, los daños ascienden a 34 millones de pesos, afectando principalmente a comercios y espacios públicos a lo largo de la ruta de la manifestación.

 

El décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa congregó a más de 10 mil personas que marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, peor un grupo minoritario de encapuchados, ajenos a la protesta principal, causó destrozos significativos en su paso. Cafeterías destrozadas con bombas molotov, grafitis en iglesias y escuelas, además de cristales rotos en fachadas de negocios, son algunos de los daños reportados.

 

 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo con 500 policías y 200 agentes de Tránsito, quienes acompañaron el recorrido para garantizar la seguridad. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, pero los disturbios afectaron el flujo vial, y varias estaciones del Metro y Metrobús sufrieron daños en su infraestructura.

 

Un evento de gran impacto social

El Caso Ayotzinapa, ocurrido en 2014, sigue siendo un tema de profunda relevancia social en México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, marcó una herida profunda en el país. Los normalistas desaparecieron entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, tras ser atacados por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y otros grupos armados en Iguala, Guerrero,  seis jóvenes murieron y los 43 estudiantes fueron secuestrados.

 

 

La investigación inicial del gobierno mexicano fue severamente criticada y en enero de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó la versión conocida como la “verdad histórica”, afirmando que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero en Cocula, Guerrero; sin embargo, esta versión fue rechazada por expertos, familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes continúan exigiendo justicia y transparencia en el caso.

 

A pesar del fuerte operativo de seguridad y la participación mayoritariamente pacífica, los daños económicos y materiales causados por los actos vandálicos empañaron el propósito de la marcha, afectando a pequeños comercios y espacios públicos de la ciudad.