Esta mañana Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmintió las especulaciones sobre investigaciones individuales contra los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo; sin embargo, confirmó que hay una investigación en curso contra el consorcio Latinus, relacionada con acusaciones de lavado de dinero y corrupción.
La intervención de Gómez vino después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara públicamente un informe sobre las supuestas investigaciones contra estos periodistas, lo que generó una amplia cobertura mediática y preocupación sobre la libertad de prensa en México.
Durante la presentación, Pablo Gómez aclaró que la UIF no persigue a periodistas por su labor periodística ni por expresiones individuales. Aseguró que la investigación abierta contra Latinus no incluye a ningún periodista como individuo. Gómez explicó que la indagatoria se centra en el consorcio por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La aclaración de Gómez provocó reacciones inmediatas. Latinus, por su parte, negó las acusaciones de lavado de dinero y reiteró su compromiso de continuar con su labor periodística a pesar de las presiones. Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas más reconocidos de México, ha sostenido que el gobierno utiliza estas acusaciones como tácticas de intimidación por sus críticas constantes hacia la administración actual.
La UIF indicó que, como parte del consorcio, se han detectado transacciones financieras sospechosas que incluyen ingresos significativos provenientes de contratos en los estados de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, todos relacionados con el sector salud.
El escenario plantea un reto importante para el equilibrio entre la libertad de prensa y la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. Mientras la UIF continúa su investigación, el sector periodístico y la sociedad civil observan de cerca, conscientes del precedente que esto puede establecer para la libertad de expresión en el país.
La aclaración de la UIF intenta despejar las dudas sobre una persecución política a través de mecanismos financieros, pero también pone en relieve la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre las acciones del gobierno que puedan afectar la crítica mediática y la transparencia. La situación de Latinus será seguramente un tema de seguimiento en los próximos meses, tanto para los medios de comunicación como para los defensores de los derechos humanos en México.
