En un fallo reciente, jueza de la Ciudad de México ha ordenado a las Fiscalías de la CDMX y de Colima que destruyan, en un plazo máximo de tres días, todos los registros obtenidos mediante prácticas de espionaje telefónico contra Santiago Taboada, candidato opositor al Gobierno de la Ciudad de México, y Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN. La decisión judicial marca un precedente significativo en la protección de la privacidad y los derechos políticos en México.
Contexto del caso
Este caso surge tras revelaciones hechas en noviembre por The New York Times, que indicaron que la Fiscalía capitalina, bajo la dirección de Ernestina Godoy, había realizado espionaje ilegal contra varios políticos. Las actividades de vigilancia incluyeron la geolocalización en tiempo real y el monitoreo de comunicaciones telefónicas sin las debidas autorizaciones judiciales, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos a la privacidad y a la integridad personal de los afectados.
El 2023, la Fiscalía de la Ciudad de México negó la “vigilancia” reportada por el diario The New York Times, pero Santiago Taboada y Alessandra Rojo de la Vega denunciaron en su momento espionaje con el pretexto de investigaciones sobre secuestro, mostrando requerimientos de la Fiscalía a la empresa Telcel.
Detalles del amparo y orden judicial
En febrero, un tribunal otorgó un amparo a Taboada y Romero, estableciendo que la obtención de sus datos de geolocalización y registros telefónicos había sido ilegal. Ahora, la jueza Paloma Xiomara González ha puesto un plazo definitivo para la destrucción de esos datos, subrayando la gravedad de la desobediencia con una posible multa de 10,857 pesos y procedimientos adicionales para la separación de los funcionarios involucrados de sus cargos por desacato.
Reacciones y consecuencias
La orden de destruir los datos recopilados ilícitamente es un paso crucial para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y judiciales encargadas de proteger, y no vulnerar, los derechos de los ciudadanos. Este caso destaca la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas en las operaciones de las fiscalías y otras instituciones del estado que poseen la capacidad de realizar interceptaciones y seguimientos.
Implicaciones legales y políticas
La actuación de las Fiscalías en este caso pone de manifiesto la tensión entre la seguridad nacional y la protección de las libertades civiles. El espionaje a políticos, especialmente sin mandato judicial, es una práctica que puede ser utilizada para fines políticos y no solo de seguridad, lo que representa un peligro para la democracia y el estado de derecho en cualquier país.
Futuro de la vigilancia y la privacidad
Este caso también refuerza la necesidad de una legislación más estricta y transparente en torno a las prácticas de vigilancia y espionaje. Es fundamental que existan mecanismos claros y robustos para la supervisión de las autoridades que tienen acceso a tecnologías de vigilancia, asegurando que su uso se limite a propósitos legítimos, claramente definidos y bajo estricta supervisión judicial.
La decisión de la jueza no solo es un triunfo para Taboada y Romero, sino que también envía un mensaje poderoso a todas las autoridades de que el respeto a la privacidad y los derechos fundamentales es primordial. Este caso probablemente incitará a más políticos y ciudadanos a estar vigilantes y exigir transparencia y legalidad en las acciones del gobierno y sus diversas agencias. La sociedad mexicana, cada vez más informada y conectada, continúa demostrando que la vigilancia ciudadana es crucial para la protección de las libertades civiles en la era digital. Habrá que ver la respuesta del Jefe de Gobierno, Martí Batres al respecto, dadas las confrontaciones que han tenido él y el candidato del PAN durante esta temporada electoral.
