Este jueves marcó el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, un caso que ha dejado una profunda herida en la sociedad mexicana y que sigue sin resolverse. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un firme llamado a las autoridades mexicanas para que las investigaciones sobre este trágico suceso continúen hasta esclarecer lo ocurrido.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas recordó la urgencia de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, enfatizando que han pasado 10 años sin respuestas concretas sobre el paradero de los jóvenes. “La búsqueda y la investigación deben continuar hasta que se aclare plenamente la suerte y el paradero de todos los desaparecidos”, enfatizó el Comité.
La ONU también destacó el diálogo significativo que tuvo lugar el 29 de julio entre la presidenta electa Claudia Sheinbaum y los padres de los normalistas. Este encuentro fue calificado como un paso importante hacia la reconciliación y el compromiso por parte del gobierno para avanzar en las investigaciones. “El diálogo franco y constructivo es indispensable para revertir el estado actual del proceso y generar resultados tangibles”, indicó el organismo.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) elogió los esfuerzos de aquellos servidores públicos que, a pesar de enfrentar consecuencias negativas, se han comprometido con la búsqueda de la verdad. La ONU hizo un llamado a todas las autoridades, tanto civiles como militares, para que superen los obstáculos que han dificultado el progreso en este caso, destacando la necesidad de adoptar una agenda vigorosa que impulse soluciones efectivas para las familias de las víctimas.
El caso de Ayotzinapa no solo simboliza la lucha por la justicia de los 43 normalistas desaparecidos, sino que también refleja los desafíos sistemáticos que enfrenta México en la protección de los derechos humanos y la erradicación de las desapariciones forzadas. La ONU reiteró que la reparación integral a las víctimas y sus familias es un imperativo ético y legal que debe ser priorizado por el Estado.
Mientras la sociedad civil y las familias de los desaparecidos continúan exigiendo justicia, la ONU reafirma su compromiso de acompañar a México en este camino hacia la verdad y la sanación, instando a no olvidar a aquellos que han sido silenciados por la impunidad.
