En otra decisión controversial y con implicaciones profundas, la Cámara de Diputados ha publicado el dictamen que propone la desaparición de siete organismos autónomos en México, como parte de las reformas de la llamada Cuarta Transformación.
Los órganos en cuestión incluyen:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
¿Por qué se extinguen estos organismos y qué implica?
El proyecto de decreto, presentado esta semana en la Gaceta Parlamentaria, detalla que las funciones de estos organismos serán absorbidas por diversas secretarías del Estado, con el objetivo de reducir costos y optimizar la gestión gubernamental. Los recursos ahorrados serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, en un esfuerzo por redirigir los fondos hacia programas sociales y de pensiones.
La decisión ha generado debate entre funcionarios, legisladores y representantes de estos organismos. En palabras de Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, “Seguiremos, hasta el último aliento, insistiendo en la necesidad de la prevalencia de esta institución del Estado mexicano”.
Alcalá señaló que el INAI ha ganado la confianza de la ciudadanía y alertó sobre los riesgos de concentrar funciones de transparencia en una sola dependencia gubernamental. “Esta confianza la hemos ganado durante más de dos décadas”, subrayó Alcalá durante la apertura del foro internacional de Buenas Prácticas en materia de Lenguaje Claro y Accesible.
Transferencia de Funciones: Nuevo rol de las Secretarías
Cada una de las siete instituciones extintas tendrá sus funciones reubicadas en dependencias del gobierno federal, pero el dictamen omite detalles específicos sobre cómo se garantizará la autonomía y eficiencia en sus nuevas estructuras. Estos son algunos de los cambios más destacados:
- INAI: Sus funciones serán transferidas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), que será renombrada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las tareas de transparencia en temas de partidos políticos y sindicatos serán asignadas al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, respectivamente.
- Cofece: La Secretaría de Economía asumirá las funciones de regulación y monitoreo de competencia económica, pero no se detalló cómo se mantendrá la independencia en el análisis y decisiones que anteriormente estaban a cargo de la Cofece.
- IFT: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tomará el control de las políticas en telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, persisten interrogantes sobre cómo se asegurarán las concesiones en telecomunicaciones y radiodifusión en un contexto de transparencia y neutralidad.
- Coneval: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) será responsable de la evaluación de políticas de desarrollo social. Aunque el INEGI tiene experiencia en análisis de datos, su rol ha sido principalmente estadístico, por lo que la incorporación de evaluaciones podría significar un reto adicional.
- CRE y CNH: La Secretaría de Energía absorberá las responsabilidades de regulación de energía e hidrocarburos, lo que centraliza las decisiones del sector energético en el gobierno. Este cambio podría tener implicaciones importantes en la regulación del mercado energético y en las condiciones para inversiones privadas.
- Mejoredu: Las funciones de Mejoredu pasarán a la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que genera dudas sobre cómo se mantendrá la continuidad de los procesos de mejora continua en el ámbito educativo.
Reacciones de los representantes de los organismos
Los comisionados de los organismos autónomos han expresado su desacuerdo con la propuesta de extinción, argumentando que la autonomía es crucial para garantizar la transparencia, la competencia justa y la protección de derechos ciudadanos en temas tan diversos como energía, telecomunicaciones y desarrollo social.
Adrián Alcalá Méndez enfatizó que el INAI es fundamental para que la ciudadanía tenga acceso a la información pública y proteja sus datos personales, pero, bajo la nueva estructura, estas funciones estarán bajo la supervisión de una secretaría de gobierno, lo que, según Alcalá, “pone en riesgo la objetividad e imparcialidad necesarias en estos temas”.
Juan Carlos Anaya, especialista en competencia económica, señaló que “el riesgo de la concentración de estas funciones en manos del Ejecutivo es que no haya un verdadero contrapeso. La Cofece, por ejemplo, garantiza que las empresas compitan en igualdad de condiciones y previene abusos en sectores clave. Centralizar estas decisiones en la Secretaría de Economía podría llevar a una política de competencia parcializada”.
¿Qué significa este cambio para México?
El dictamen no solo redefine el rol de las secretarías, sino que también plantea un cambio en la estructura del sistema administrativo del país. La desaparición de los organismos autónomos puede reducir costos operativos, pero también ha generado preocupación sobre la posible falta de transparencia y neutralidad en la toma de decisiones gubernamentales.
Especialistas advierten que la extinción de los organismos podría impactar la confianza de los ciudadanos en la administración pública. “Los órganos autónomos, aunque no perfectos, cumplen una función esencial en temas de transparencia, competencia y regulación. Al centralizar estas funciones, el gobierno podría estar afectando la percepción pública sobre la imparcialidad del Estado”, explicó Patricia Hernández, experta en políticas públicas.
Ahorros y fondo de pensiones
El proyecto de ley asegura que los ahorros generados por la extinción de estos organismos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que ha sido recibido de forma positiva por algunos sectores; sin embargo, los críticos del proyecto argumentan que el ahorro no justifica la pérdida de autonomía y especialización que aportan estos organismos.
El dictamen será discutido y votado en la Cámara de Diputados la próxima semana, en medio de un debate que enfrenta a sectores que abogan por una administración centralizada y quienes defienden la necesidad de órganos autónomos como contrapeso en la democracia. El desenlace de esta votación no solo definirá la estructura del gobierno, sino también el rumbo de México en términos de transparencia, competencia y regulación en sectores estratégicos.
