En el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), tres nuevas consejeras electorales han presentado una demanda en busca de una remuneración mensual de $135,779.36 pesos. La demanda fue interpuesta el pasado 4 de noviembre ante el Tribunal Electoral local, en la que las consejeras María de los Ángeles Gil Sánchez, Maira Melisa Guerra Pulido y Cecilia Aída Hernández Cruz argumentan que su actual salario de $87,821.02 pesos mensuales, establecido por la Ley de Austeridad, no respeta el principio de igualdad salarial.
Estas consejeras buscan equiparar su salario con el de otros tres consejeros del IECM —Érika Estrada, Sonia Pérez y Ernesto Ramos—, quienes, tras impugnar previamente su remuneración, lograron establecer un ingreso de $135,779.36 pesos mensuales. Este monto, incluso, es mayor al salario de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien percibe $133,332.97 pesos mensuales netos, según datos de la Secretaría de la Función Pública.
Beneficios y solicitudes especiales
Además del salario base, las consejeras perciben otros beneficios, como vales de despensa de $2,200 pesos mensuales, una bonificación de $14,500 pesos en diciembre, 500 pesos adicionales para un pavo navideño, aguinaldo de 40 días de salario bruto y una prima vacacional equivalente al 30% de su sueldo. Sin embargo, consideran que estas compensaciones no equilibran la diferencia de ingresos entre ellas y los tres consejeros mencionados.
En su demanda, firmada el 29 de octubre, argumentan que recibir un salario inferior es una violación a los principios de igualdad jurídica y autonomía que deberían regir su función pública. Además, solicitan que se omitan sus nombres en cualquier documento relacionado con la demanda, y que se retire el juicio de los estrados para evitar su consulta pública.
Reacciones internas y contrastes
Por su parte, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, ha acatado los lineamientos de la Ley de Austeridad, con un sueldo ajustado a $87,000 pesos mensuales. No obstante, las consejeras demandantes afirman que la disparidad en las remuneraciones crea un ambiente laboral desigual y afecta su dignidad y derechos como funcionarias con responsabilidades equivalentes.
La solicitud de las consejeras sigue en proceso, y su resolución estará en manos del Tribunal Electoral. Este caso refleja la tensión entre la búsqueda de igualdad salarial y los límites establecidos por políticas de austeridad, lo que genera un debate sobre la remuneración de altos funcionarios en la Ciudad de México.
