El Senado de la República dio un paso crucial al aprobar en comisiones la nueva reforma energética que redefine el papel de las empresas del sector y, de acuerdo con el oficialismo, devuelve a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) su carácter de empresas públicas estatales. La reforma, que ha sido recibida con gran controversia, propone que el sector energético deje de ser considerado un negocio, enfocándose en su carácter público y social.
Regreso del Estado al control energético
Con 29 votos a favor de Morena y sus aliados, y 10 en contra de los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron esta reforma constitucional que plantea cambios profundos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Uno de los principales cambios es que la CFE y Pemex volverán a ser entidades públicas, otorgándoles preeminencia sobre las empresas privadas en la generación y distribución de energía.
El dictamen aprobado establece que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional estarán a cargo del Estado. Este tendrá como objetivos fundamentales garantizar la autosuficiencia energética del país, proveer electricidad a precios accesibles y evitar que el sector sea visto como una fuente de lucro.
Postura del oficialismo
Durante la discusión en comisiones, la senadora Cecilia Guadiana, de Morena, defendió la reforma al argumentar que el sector energético había sido despojado de su misión principal bajo la reforma de 2013, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. “Hace poco más de 10 años, la reforma energética neoliberal de Peña Nieto despojó a las empresas públicas de dos misiones fundamentales: garantizar la seguridad de abasto a precios accesibles y planear estratégicamente la infraestructura futura del sector”, explicó Guadiana.
La senadora añadió que tanto la CFE como Pemex habían sido debilitadas por contratos abusivos y la privatización de ciertos sectores, lo que según ella, favoreció prácticas ilegales como el huachicol y debilitó la capacidad del Estado para asegurar un abasto eficiente de energía. “A la CFE se le despojó de los grandes clientes del mercado eléctrico, y a Pemex se le fue arrebatando progresivamente el mercado de combustibles”, afirmó.
En una línea similar, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, calificó la reforma como un acto de “democracia energética”. “Es la respuesta del pueblo de México a los saqueadores”, señaló Cantón, refiriéndose a lo que llamó una apropiación de los recursos públicos para fines privados bajo la reforma de 2013.
Críticas de la oposición
A pesar de la aprobación en comisiones, la oposición expresó su enérgico desacuerdo con la reforma. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alertaron sobre los riesgos que implicaría esta nueva legislación, argumentando que podría afectar gravemente la inversión privada en el sector energético y violar acuerdos internacionales, como el T-MEC.
Miguel Riquelme, del PRI, advirtió que “se podrán ahuyentar muchísimas inversiones en el sector energético” debido a la falta de claridad sobre cómo afectará el T-MEC. También mencionó que el desmantelamiento de organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tendría consecuencias graves para la estabilidad del sector.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, fue aún más tajante, afirmando que esta reforma podría poner a México en conflicto directo con sus principales socios comerciales. “Esta reforma contraviene los acuerdos del T-MEC, lo que nos llevará a enfrentar disputas con Estados Unidos y Canadá, y tendrá repercusiones negativas enormes para nuestra economía”, declaró Colosio durante su intervención.
Papel de la soberanía energética
Un punto clave en la defensa de la reforma por parte del oficialismo es el concepto de soberanía energética. Según la senadora Guadiana, la reforma permitirá que México recupere el control de sus recursos naturales, algo que consideran esencial para el desarrollo a largo plazo del país. “El objetivo es que la energía esté al servicio del pueblo de México, no de los intereses privados”, sostuvo.
Sin embargo, la oposición cuestionó este argumento, alegando que la soberanía energética no puede lograrse a costa de aislar a México del mercado internacional. “La inversión privada ha sido clave para el crecimiento del sector energético en las últimas décadas. Si se retiran esas inversiones, el Estado no tendrá la capacidad de cubrir la demanda de energía de manera eficiente”, comentó Agustín Dorantes, del PAN.
Consecuencias internacionales
Además de las implicaciones económicas a nivel nacional, los legisladores de oposición también señalaron las posibles fricciones internacionales que esta reforma podría generar. Con la revisión del T-MEC programada para 2025, la nueva legislación podría entrar en conflicto con los compromisos asumidos por México en el acuerdo comercial, lo que podría derivar en sanciones o disputas legales con Estados Unidos y Canadá.
“Este modelo ya demostró su fracaso en el pasado. No solo pone en riesgo miles de millones de dólares en inversión, sino que además nos expone a conflictos comerciales con nuestros principales socios”, advirtió Mayuli Latifa Martínez, senadora del PAN.
A pesar de las críticas, la mayoría oficialista en el Senado defiende que la reforma energética es una medida necesaria para corregir lo que consideran errores del pasado. Al darle mayor preponderancia a las empresas estatales y garantizar que el sector energético no sea un negocio, Morena y sus aliados aseguran que se priorizará el bienestar social y la autosuficiencia del país.
El dictamen aprobado establece que las empresas privadas podrán seguir participando en la industria eléctrica, pero sin prevalecer sobre la empresa pública del Estado. “El control del sistema eléctrico nacional quedará en manos del Estado, garantizando así la seguridad energética del país y un acceso equitativo a la electricidad”, subrayó la senadora Claudia Anaya.
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue enviado al pleno del Senado para su primera lectura y posterior votación. Se espera que la discusión en el pleno sea igualmente intensa, ya que los partidos de oposición han reiterado que no cederán en su rechazo a una reforma que, según ellos, representa un retroceso para el país.
