Hay una tensión creciente dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), los trabajadores han decidido rechazar la reanudación de labores programada para el 23 de septiembre, tal como lo había anunciado el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esta negativa se debe a que, según los empleados, aún no se han agotado los recursos legales para combatir la Reforma Judicial impulsada por el gobierno, una medida que ha generado controversia y protestas dentro del sector. En esta nota, exploraremos los detalles de esta decisión, las posiciones de los involucrados y el impacto que podría tener en el sistema de justicia del país.
Postura de los trabajadores del PJF
La negativa de los trabajadores a regresar a sus puestos de trabajo se oficializó durante un mitin llevado a cabo en la sede del CJF. Patricia Aguayo, vocera del movimiento, fue clara en su declaración: “Hoy estamos aquí porque es nuestro derecho defendernos. Vinimos a hablar con nuestras autoridades, quienes deben escuchar nuestros reclamos, ya que esta lucha es nuestra, no de los sindicatos”. Este comentario refleja un sentimiento de abandono por parte de los representantes sindicales, quienes según los trabajadores, no han cumplido con su función de defender los derechos de la base laboral.
Los empleados del PJF están luchando contra la Reforma Judicial, una medida que consideran lesiva para sus derechos laborales y que, a su juicio, afectará la independencia del Poder Judicial. A pesar de los intentos del CJF de establecer mesas de diálogo, como la que tuvo lugar el pasado viernes, muchos empleados se sienten excluidos del proceso, lo que ha aumentado su descontento.
Reforma Judicial: Punto de discordia
El contexto de este conflicto se enmarca en la reciente aprobación de la Reforma Judicial, un paquete de cambios estructurales que busca modernizar y hacer más eficiente el sistema judicial en México. Sin embargo, esta reforma ha sido vista con desconfianza por una parte importante de los empleados del PJF, quienes sostienen que, de implementarse, afectará tanto sus condiciones laborales como el funcionamiento de la justicia en el país.
La principal preocupación de los trabajadores es que la reforma otorgue mayor control al Ejecutivo sobre el Poder Judicial, debilitando así su autonomía. Además, existe el temor de que estas modificaciones conduzcan a recortes presupuestales que impacten directamente en sus salarios y prestaciones.
Según Patricia Aguayo, “esta reforma no solo afecta nuestros derechos laborales, sino que también pone en riesgo la función jurisdiccional. Si se aplica, habrá menos jueces y magistrados, y eso afectará la calidad de la justicia que ofrecemos a la ciudadanía”.
Reacción del CJF y los sindicatos
El Consejo de la Judicatura Federal, por su parte, ha intentado mediar en la situación convocando a una reunión con representantes del Sindicato de Trabajadores del PJF, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal. Sin embargo, los trabajadores sostienen que esta convocatoria fue insuficiente, ya que no incluyó a representantes que ellos consideran legítimos.
En su defensa, el CJF emitió la Circular 18/2024, en la que se convocaba a las asociaciones gremiales más representativas del sector a dialogar sobre la situación. A pesar de ello, los trabajadores no se sintieron adecuadamente representados. “Nosotros no nos sentimos identificados con los líderes sindicales actuales, porque no han defendido nuestros intereses. La lucha es nuestra, no de ellos”, subrayó Aguayo durante el mitin.
¿Qué sigue para el PJF?
La situación en el PJF sigue siendo incierta. Si bien el CJF ha mostrado disposición para entablar el diálogo, los trabajadores exigen una representación más amplia y legítima en la mesa de negociaciones. La negativa a reanudar labores ha puesto en jaque el funcionamiento de varios tribunales y juzgados, lo que podría generar un retraso significativo en la administración de justicia.
En términos económicos, este paro de labores ya ha comenzado a afectar las operaciones del PJF. Los retrasos en la resolución de casos y la imposibilidad de llevar a cabo audiencias están generando un cuello de botella en el sistema judicial, lo que podría tener repercusiones importantes en los próximos meses. Además, la parálisis laboral podría llevar a la pérdida de confianza en el sistema judicial por parte de la ciudadanía.
